| La diputada socialista Francisca Luengo considera que Tindaya es un “pufo más del Partido Popular”, por lo que pide que se revise la orden de Luis Soria para explotar Tebeto. | | |
| martes, 18 de noviembre de 2008 | |
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La diputada del grupo Socialista Francisca Luengo afirmó en rueda de prensa que este en un "clarísimo supuesto de corrupción" y "un pufo más" en el que el PP "rema a corriente" y en el que, dijo, el PSOE no tiene ninguna responsabilidad. Explicó que la solución para que el Gobierno no tenga que pagar los 92 millones de euros, que suponen el 2% de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2009, es que se revise la orden de la Consejería de Industria de 2004, dado que hay un plazo de cuatro años para hacerlo, cuando el resultado de esa resolución ha sido lesiva para la administración. Luengo recordó que la única actuación que tuvo el Gobierno canario que presidió el socialista Jerónimo Saavedra fue cancelar en 1993 el permiso de investigación que había solicitado Cabo Verde en 1988, año en el que esta empresa había pedido también la concesión directa de la explotación. La parlamentaria explicó que fueron decisiones posteriores del primer Gobierno de CC las que fueron recurridas judicialmente por Cabo Verde, que nunca recurrió la decisión del Gobierno socialista de cancelar el permiso de investigación. En concreto señaló que en 1993 y con la Consejería de Industria gobernada por José Vicente León, se resolvió un concurso que se le otorgaba la concesión de la explotación minera de la Montaña de Tebeto, situada cerca de la de Tindaya, a Canterías de Arucas y se cancelaba el expediente que la empresa Cabo Verde tenía en marcha. Estas dos resoluciones fueron recurridas por Cabo Verde y en 1998, una sentencia da la razón a la empresa y le reconoce su derecho a que continúe la tramitación de su expediente en la Consejería de Industria, que aquel año dirigía Francisco de La Barreda. Luengo indicó que el Gobierno decidió no recurrir la sentencia por lo que zanjó la posibilidad de que este asunto quedara resuelto aunque aclaró que la sentencia judicial no daba derechos de explotación. Fue en 2004, agregó la diputada, cuando la Consejería de Industria, dirigida por Luis Soria, autoriza la concesión a Cabo Verde a pesar de conocer que el Plan Insular de Ordenación de la isla de Fuerteventura, aprobado en 2001, prohibía cualquier tipo de explotación minera a 3 kilómetros del espacio protegido de la Montaña Tindaya. Además la diputada indicó que esta concesión se otorgó en contra de la ley de Minas, que establece que los derechos de explotación deben ser compatibles con el medio ambiente y la preservación del lugar y en este caso, aclaró, nunca se pidió un informe de evaluación ambiental. Por ello, agregó Luengo, el derecho de la concesión administrativa nunca se pudo ejecutar y Cabo Verde presentó una reclamación patrimonial por funcionamiento anormal de los servicios públicos que le ha sido admitida en una sentencia que obliga al Gobierno de Canarias a indemnizar a la empresa por el lucro cesante con 92 millones de euros. Luengo señaló que esto es muy grave, acusó al Gobierno de CC y PP de no haber defendido los intereses generales sino los particulares y reiteró que se trata del caso de corrupción más grave que ha tenido la Comunidad Autónoma. Insistió en que hay situaciones inexplicables como el motivo por el que la Consejería de Industria otorgó la concesión administrativa o por qué se aceptó la valoración del lucro cesante realizado por Cabo Verde y que fue realizada por la misma empresa que valoró para Cabo Verde el valor de su explotación en la montaña de Tindaya. Luengo no quiso vincular este caso con el de Tindaya pero subrayó que la actuación del Gobierno ha dejado mucho que desear y lamentó que no se haya procedido al rescate de la concesión, como sí se produjo en Tindaya, con lo que la estimación de la indemnización hubiese sido más baja. NOTICIA DE SAN BORONDON RADIO Y DIGITAL VISÍTALA |
Los socialistas canarios, por medio de la diputada Francisca Luengo, pedían este martes al Gobierno que revise de oficio la orden de 2004 de la Consejería de Industria, dirigida por Luis Soria (PP), por la que se concedió a Canteras Cabo Verde la explotación minera de la montaña Tebeto en Fuerteventura y recurra al Tribunal Supremo la sentencia que obliga al Ejecutivo a pagar a esta empresa 92 millones de euros.
2 comentarios:
Si la "democracia" actual es en realidad una partitocracia, y los partidos más importantes mantienen deudas gigantescas con cajas de ahorro y bancos, podemos preguntarnos: ¿cuál es el régimen político real de España? Todo indica que vivimos en una plutocracia.
QUIEN PAGA MANDA
- Las decisiones de gobiernos supuestamente emanados del pueblo, en realidad, están condicionadas por los que almacenan el dinero, y tales decisiones, como es lógico, atenderán más a los intereses particulares de los dueños de las entidades financieras que al bien común de los ciudadanos.
El PSOE es el que más debe a los bancos
La deuda consolidada del PSOE con las entidades de crédito ascendía a 48 millones de euros en 2002, más de siete veces la contraída por el PP (6,4 millones), según el informe de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos del Tribunal de Cuentas (El Levante Mercantil -13 de noviembre de 2005),. La memoria sitúa al PNV como el segundo partido más endeudado con bancos y cajas de ahorros, con 19,8 millones de euros, y el PSC, tercero, con 17,3 millones. Le sigue muy de lejos IU, con 8,7 millones de euros; Partido Andalucista, con 8,6 millones; Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), con 7,7 millones; el PP, que mantenía deudas por valor de 6,4 millones de euros, algo más de 1,3 millones en créditos hipotecarios, y Unió Democràtica de Catalunya (UDC), que debía un total de 4,4 millones de euros. De acuerdo con los estados contables presentados, la deuda vencida total ascendía a 38 millones de euros en 2002. El informe del Tribunal de Cuentas denuncia «la falta de respuesta» de seis entidades de crédito a la solicitud de información sobre siete partidos políticos, cuya deuda contabilizada suma 18,3 millones. En concreto, seis entidades en las que mantiene cuentas el PP no respondieron a los requerimientos del Tribunal.
PP, CiU y el PNV son los partidos que reciben mayores donaciones anónimas
Los populares percibieron 2,7 millones sin procedencia conocida, y el PSOE, 438.000 euros en 2002
El PP, Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y el PNV son las cuatro formaciones políticas que recibieron más donaciones anónimas, según el informe sobre contabilidad de los partidos correspondiente al ejercicio 2002 elaborado por el Tribunal de Cuentas. Según el informe, los 16 partidos políticos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas recibieron 9,6 millones de euros en aportaciones privadas, de las que 8,8 millones fueron donaciones anónimas. Los donativos privados, ya fueran anónimos o de origen conocido, aumentaron un 6,6% en 2002 respecto al ejercicio anterior.
El tribunal recuerda que, dada la naturaleza de las donaciones anónimas, «no se ha podido comprobar el cumplimiento del límite legal establecido para las aportaciones procedentes de una misma persona», aunque respetaron con «carácter general» la normas sobre financiación privada que establece la actual ley.
El PP recibió en 2002 algo más de tres millones de euros en donaciones, de ellas 2,7 millones procedían de donativos anónimos. De igual modo, UDC percibió 2,1 millones euros en donaciones sin procedencia conocida, y CDC, casi dos millones.
Por su parte, el PNV obtuvo en 2002, 1,4 millones de euros en ayudas anónimas.
Modificar la ley
Cantidades inferiores recibieron en 2002 el PSOE (438.000 euros) o el PSC (84.000), y cerró este capítulo la Chunta Aragonesista, que en todo el año obtuvo solamente 200 euros procedente de una única persona física. Los partidos que más se han beneficiado de las aportaciones privadas en la última década fiscalizada (1992-2001) han sido el PP, que ingresó 20,4 millones de euros; CiU (federación formada por CDC y UDC), 20,8, y PNV, 15,6.
El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad el pasado 27 de septiembre comenzar a tramitar la reforma de la ley orgánica de financiación de partidos, en la que todos están de acuerdo en suprimir los donativos anónimos.
Sociedades mercantiles
La memoria recuerda también que cinco formaciones políticas (CDC, EA, PNV, PSC y PSOE) tienen participaciones en sociedades mercantiles que gestionan fundamentalmente sus bienes inmobiliarios y recomienda «establecer mecanismos de control» sobre la incidencia que pudieran tener en la financiación de dichos partidos.
En el ejercicio de 2002, los dieciséis partidos políticos analizados recibieron 156,6 millones de euros en subvenciones públicos para su funcionamiento ordinario.
El órgano fiscalizador destaca las subvenciones de 3,6 millones de euros concedidas por el Gobierno vasco para el funcionamiento de los partidos con representación en el Parlamento de Vitoria, a pesar de que «estos recursos no están incluidos entre las fuentes de financiación pública enumeradas en la ley».
La Caixa también perdonó 2,7 millones de euros a ERC
Periodista Digital
17 de noviembre 2005
Cada vez se desvelan más amigos políticos de La Caixa, y tras saber que al PSC la entidad financiera le "perdonó" su deuda, ahora se conoce que también ERC le ha dejado de pagar 2,7 millones de euros, según publican este jueves Leonor Mayor y Carlos Segovia en El Mundo. Dicha cantidad, al parecer, corresponde a los intereses generados por un crédito de 1,41 millones entre 1996 y 2004, que La Caixa acabó por perdonar al partido, pero que éste no reconoce como una condonación.
Según explicó este miércoles el secretario de Organización de los republicanos, Xavier Vendrell, para ERC La Caixa no le ha perdonado deuda alguna, ya que el partido nunca reconoció estos 2,7 millones de euros acumulados en forma de intereses impagados. Pero lo cierto es que esta deuda superaba a la inicial, que el partido se negó a pagar durante años hasta que, una vez en el poder y con mayor solvencia, quiso subsanarla, siempre sin reconocer la de 2,7 millones acumulados en concepto de intereses.
Pese a haber llegado a un acuerdo con La Caixa para el pago de la deuda inicial, de 1,41 millones, entre 2004 y 2014, nada hablaron de lo que ERC le debía a la entidad en concepto de intereses. El partido nunca lo pagó por considerar que "era obvio que no estábamos dispuestos a pagar un 23% de interés" de demora, explicó Vendrell. Y La Caixa, directamente, nunca lo reclamó, y en su primer informe de Gobierno corporativo, que recoge los créditos de los partidos, publicado este año, esta cifra ya no se recoge.
Para el partido independentista catalán la cuestión está clara: "Nunca hemos reconocido esa deuda, con ella la Caixa sólo quería presionar al partido", recoge El Mundo. Por lo que queda clara su intención de mantener el status quo y hacer caso omiso de esa deuda que, por otra parte, nadie les reclama.
En conclusión, la caja le ha perdonado el 65% de ese total de la deuda, aunque el partido no lo considera ni una condonación ni un trato de favor.
TODOS,TODOS PUFEAN
CORRUPCION
PRACTICAS MUNICIPALES PERVERSAS
Ante la opinión pública, en mi doble condición de ciudadano libre y de obligado contribuyente, me propongo denunciar, por este medio, de forma periódica y conforme se produzcan, lo que a mí me parecen abusos y perversidades del poder municipal establecido, con independencia de cual sea su signo político.
Para que se sepan. Y también con el fin de provocar que alguien, con la autoridad necesaria, se vea obligado a poner coto, en la forma y medida que sean procedentes, a tales desmanes; aunque soy consciente de lo ilusorio de este último propósito.
Comenzaré por tres medidas recientes, de amplia y fácil proliferación (no hace falta dar nombres), cuya adopción y puesta en práctica nada tienen que ver con el interés general de la población sino, exclusivamente, con el particular de sus autores y el del partido al que pertenecen, y cuya legitimad es harto discutible. A saber:
1.- Autoasignación arbitraria de retribuciones. Los políticos son los únicos trabajadores por cuenta ajena de este país (ya saben, representantes de la ciudadanía), que tienen potestad para fijar su propio sueldo. De este modo, inmediatamente después de constituidas las Corporaciones locales tras el último proceso electoral, los diferentes Plenos municipales han adoptado acuerdos al respecto. Y lo han hecho de forma desmedida, al amparo de una legislación de régimen local que permite irresponsablemente que todos los corporativos puedan tener dedicación exclusiva, si así lo considera el Consistorio, con independencia de cual haya de ser su función (gubernativa o de oposición), de la entidad de la misma o de sus necesidades reales de tiempo. Es lo que Gonzalez-Berenguer, en su obra Réquiem por la Administración Local llama los ‘políticos funcionarizados’ que, según él han sustituido el antiguo sentido ciudadano de servicio al pueblo por un indecente espíritu de lucro.
Asimismo, a la hora de determinar la cuantía de sus retribuciones, se han aprovechado los munícipes de la inexistencia de barrera legal al montante de las mismas, pues el mecanismo establecido en el apartado 5 del artículo 75 de la Ley de Bases de Régimen Local, que establece unos límites generales al respecto (a fijar, previsiblemente, por el Parlamento nacional, en la Ley de Presupuestos del Estado), continúa interesadamente desactivado por falta de previsión normativa específica. De este modo, se han producido acuerdos excesivos y despropor- cionados en muchos Ayuntamientos.
De este modo, se da la paradoja de que la ciudadanía paga a las personas que ha elegido como representantes, sueldos cuya cuantía el vecino medio nunca se podría permitir.
Se impone, pues, para evitar abusos en este campo, el establecimiento de un sistema legal en el que, de un lado, el número de corporativos que, como máximo, podrían acceder al régimen de dedicación exclusiva (o parcial), debería ser proporcional al número de miembros de pleno derecho de la Corporación correspondiente; y, de otra parte, se fijaran parámetros (población, cuantía del presupuesto anual, nivel de endeudamiento, etc.) en función de los cuales se habría de consignar en el capítulo I del presupuesto municipal de gastos una cantidad máxima razonable, con cargo a la cual cobrarían sus retribuciones aquéllos corporativos.
2.- Nombramiento indiscriminado de personal de confianza. En contra de lo establecido en el artículo 103.3 de la Constitución Española, que establece que «el acceso a la función pública (se producirá) de acuerdo con los principios de mérito y capacidad», los alcaldes de turno han ido situando a sus afines al frente de los centros de decisión municipal, mediante la cada vez más socorrida categoría del personal eventual o de confianza (asesores, jefes de gabinete, secretarias, jefes de prensa, etc.). Este método, eminentemente despilfarrador y contrario a la muy necesaria profesionalización e independencia del funcionariado, conlleva la marginación y consiguiente desmotivación de una clase funcionarial honesta y preparada (la que queda), impotente ante el desembarco pirata y el sectarismo. El abuso en el nombramiento es tan descarado hoy día que se ha llegado al punto en que el sufrido ciudadano paga con sus impuestos muchos sueldos de otras tantas personas que no es que trabajen mucho o poco, mejor o peor, más o menos independientemente, sino que ni siquiera trabajan para la ciudad (o la provincia), sino para el partido correspondiente. ¿Es esto asumible sin indignación? En la vecina Francia el ex presidente Chirac está procesado por haber incurrido en prácticas similares durante el tiempo que fue alcalde de París.
Al igual que en el caso de las retribuciones, es exigible el establecimiento de criterios legales, inexistentes hoy día, para la creación de plazas de personal de confianza.
3.- Subvenciones irregulares a los partidos políticos. La posibilidad legal de que el Pleno de la Corporación (municipal o provincial) pueda asignar en sus presupuestos dotaciones económicas para el funcionamiento (concepto indefinido, por lo demás) de los grupos políticos municipales, es aprovechada de forma rutinaria para subvencionar ilegalmente a los partidos políticos, pues el destino finalista de estas aportaciones nunca se cumple.
Los contribuyentes, una vez más, financian el gasto de los partidos políticos, casi nunca transparente y siempre desmedido.
Como quiera que el límite económico a las mismas, previsto también en la Ley de Bases antes referida (artículo 73.3), nunca ha sido fijado por instancias superiores, resulta que su montante queda al libre albedrío de la propia Corporación (obviamente, los pactos políticos en la materia son de fácil y rápida discusión y los fondos correspondientes se habilitan con inusitada prontitud). Los contribuyentes, una vez más, financian el gasto de los partidos políticos, casi nunca transparente y siempre desmedido, aunque el porcentaje de ciudadanos que militan en ellos sea apenas de un 3%. Estamos ante un claro supuesto de financiación ilegal de los partidos políticos. Lo ha denunciado el Tribunal de Cuentas en su último informe anual sobre fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos.
Urge pues, en aras de los principios de economía y transparencia en el gasto público, la supresión de estas indebidas dotaciones presupuestarias, pues ya asume el Ayuntamiento correspondiente los gastos de funcionamiento de cada grupo municipal, dotando a los mismos de personal, más que suficiente a estos efectos, así como de instalaciones y material.
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