lunes, 24 de noviembre de 2008

Tabaiba El frente litoral quedará ´fuera de ordenación´


Tabaiba

El frente litoral

quedará

´fuera de ordenación´



Mora anuncia que Costas ha iniciado el nuevo deslinde para un tramo de 1.909 metros


Imagen de una de las zonas de Tabaiba que se verán sometidas a la actualización del deslinde del dominio público marítimo terrestre. José Luis González

SONIA GALDÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE La primera teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de El Rosario, Ana Lupe Mora, señaló que la Demarcación de Costas ha notificado al consistorio que se ha iniciado el expediente para deslindar el dominio público marítimo terrestre en un tramo de 1.909 metros, concretamente entre los barrancos de Los Guirres y de El Chorrillo. Mora afirmó que esta actualización del deslinde afectará a "todos los edificios del frente de Tabaiba, que van a quedar fuera de ordenación".

La concejal destacó que los propietarios de los edificios de Playa del Moro, Andrea, Jardín del Mar, Marlisa I y II, así como, probablemente, el Residencial Atlántico de Radazul tienen el riesgo de que sus viviendas queden dentro de las servidumbres de tránsito y de protección - de 20 metros para suelo urbano-, por lo que se verán devaluadas, ya que no se permiten obras nuevas, sólo de mantenimiento, en este ámbito. "Si hubiera que realizar derribos, tendría que indemnizar Costas", aseguró.
Mora aseguró que el deslinde vigente en toda la costa de El Rosario es el de 1969, no sólo en un tramo, y que prácticamente todos estos edificios se construyeron a finales de la década de 1960. De hecho, la planificación urbanística de la zona -el PERI de Radazul y las Normas Subsidiarias de Tabaiba- es "anterior" al deslinde.


Extensión del deslinde. La Plataforma en Defensa del Litoral de El Rosario señala, y así lo afirmó en su reciente reunión con el subdirector de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, que sólo queda con trazado de 1969 el tramo que ocupa entre la piscina de Tabaiba y la bocana del puerto de Radazul, mientras que el resto del municipio ha sido deslindado entre 2001 y 2002.

La afección que pueda suponer una actualización del deslinde no está del todo clara y, aparentemente, los edificios actuales o previstos -que sí tendrían muchas dificultades para su ejecución- sólo quedarán dentro de la servidumbre de protección, lo que no implicaría demoliciones.

La concejal de Urbanismo consideró que esta actualización de los deslindes, que ya ha iniciado Costas, es "paradójica, por las consecuencias que va a tener para los vecinos". En este sentido, se refirió a que la petición de un nuevo trazado parte de una moción que presentó al pleno el grupo municipal de Coalición Canaria, en respuesta a las obras para la construcción de un edificio en el acantilado de la playa del Moro, que cuentan con una fuerte oposición vecinal.


155 derribos en Varadero y Bocacangrejo



En el caso de El Rosario, la Demarcación de Costas de Tenerife tiene abiertos más de 150 expedientes por ocupación del dominio público en Varadero (35) y Bocacangrejo (120), que supondrán la demolición de la práctica totalidad de estos núcleos. La concejal de Urbanismo, Ana Lupe Mora, destacó que todo el litoral de El Rosario se rige por el deslinde de 1969 y que el Ayuntamiento no tiene constancia de la actuación de Costas, ya que "ni se nos ha notificado ningún expediente de demolición ni se nos ha convocado a reunión alguna de la comisión mixta de seguimiento de las actuaciones en el litoral". Para los núcleos calificados como urbanos antes de la aplicación de la Ley de Costas, de 1988, esta norma sostiene que, en el caso de las construcciones hechas con todos las licencias y documentos en regla antes de la entrada en vigor de la Ley y, en el caso de que ocupen la servidumbre de tránsito, no se permitirán obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, sólo reparaciones y con previa autorización de la Administración del Estado. En la zona posterior de servidumbre de protección, podrán realizarse, previa autorización de los órganos competentes de las Comunidad Autónoma o, en su caso, del Ayuntamiento, obras de reparación y mejora, siempre que no impliquen aumento de volumen de las construcciones existentes. La Ley recoge también que los terrenos ganados al mar sin título administrativo suficiente y anterior a 1988, continuarán siendo de dominio público.


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