Las obras de Las Teresitas llevan para- lizadas desde mayo y seguirán así por tiempo indefinido. | |||
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SANTA CRUZ
El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz acordó ayer rescindir el contrato con la empresa OHL, a la que había adjudicado por 21,4 millones de euros la ejecución del proyecto de reordenación de Las Teresitas, que incluyen el polémico edificio de aparcamientos y locales comerciales, así como el ajardinamiento y la dotación de servicios para la playa.
El Ayuntamiento adoptó ayer esta decisión ante la negativa de la Dirección General de Costas a autorizar los trabajos en dominio público mientras no se resuelvan los conflictos judiciales sobre las parcelas del frente de playa adquirido en 2001 por el Consistorio y se apruebe el nuevo deslinde público marítimo terrestre.
La concejal de Urbanismo, Luz Reverón, y el edil de Obras y Servicios, Norberto Plasencia, informaron ayer en rueda de prensa sobre el inicio del expediente de rescisión, y aunque declinaron hablar de cuánto podrá costar a las arcas municipales esta medida, no negaron, a preguntas de este diario, que la cantidad final pudiera ascender a "millones de euros", si bien dejaron claro que se trata de una cuestión que tendrán que determinar los técnicos municipales.
De hecho, OHLya pidió una indemnización de 4 millones de euros por la primera paralización de los trabajos, durante 2007, cuando se conoció la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la compraventa de las 11 parcelas adquiridas por el Ayuntamiento al no estar avalado por ningún arquitecto municipal el precio pagado, 55,2 millones de euros. Las obras se reanudaron luego, y se levantó el edificio de aparcamientos y locales comerciales, tras un auto judicial que mantenía la propiedad municipal de las parcelas aunque obliga a una nueva tasación. Luego el Ayuntamiento las volvió a parar porque Costas no autorizaba la invasión del dominio público.
Plasencia reconoció que no sabe cuánto puede durar esta situación, que deja las obras a medias y una mala imagen en el entorno de Las Teresitas. "No hay horizonte para que se reanuden las obras, desgraciadamente", apostilló el concejal.
Un horizonte que tampoco ve claro Reverón, pues comentó que en la reunión mantenida el lunes en Madrid con altos cargos de la DirecciónGeneral de Costas (ahora llamada de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar) "no hubo avances sobre el proyecto de Las Teresita, a pesar de que el alcalde, Miguel Zerolo [también presente en el encuentro], ofreció a Costas colaboración para sacar adelante la mejora de la playa en interés de los ciudadanos".
Las obras encargadas a OHL correspondían a una de las dos fases en que se dividió el proyecto de reordenación de la playa diseñado por el arquitecto Dominique Perrault. Costas, que en su día dio el visto bueno a este proyecto, asumía la mejora de la zona de dominio público, y el Ayuntamiento la de la zona de los actuales aparcamientos y las parcelas del frente de playa que llegan hasta el acantilado, todo ello dentro del diseño de Perrault. De hecho, este organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente llegó a adjudicar a Acciona su parte de los trabajos, aunque luego tomó la iniciativa de rescindir el contrato
La decisión adoptada ayer por Urbanismo, sobre la que ahora se dará trámite de audiencia a las partes, será comunicada en los próximos días a Perrault, que ve cómo la materialización de su proyecto se empantana cada día más por la maraña de contenciosos judiciales, administrativos y penales, en que se hallan sumidos tanto Las Teresitas como el Valle de Las Huertas y Montaña Morera.
En cuanto al deslinde público, motivo de controversia entre el Ayuntamiento y Costas en los últimos años -no así cuando se efectuó la compraventa y el cambio del planeamiento para evitar la construcción de hoteles- , Reverón reiteró que defendió el lunes ante Costas, que la línea demanial coincida con el muro que separa la arena de los aparcamientos.
La propuesta del Ministerio difiere de la municipal, pues lleva el dominio público hasta la base de los acantilados a partir de la segunda mitad de la playa, lo que, caso de aprobarse, demostraría que el Ayuntamiento compró en 2001 parcelas que ya eran públicas y no se podían, por tanto comprar ni vender, como denunció la Fiscalía Anticorrupción en la querella que instruye el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra Zerolo y otros doce imputados, por prevaricación y malversación de fondos públicos.
Al respecto, la edil de Urbanismo recordó ayer que una sentencia del Tribunal Supremo en 1998 reconoció el derecho a edificar esas parcelas y que había que modificar el deslinde de 1961 por la construcción de la playa, a lo que la edil añadió que ni Costas ni el Registro de la Propiedad advirtieron en su día de que este suelo estuviera en dominio público.
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