Obras del Ayuntamiento en el frente de playa de Las Teresitas, paralizadas desde mayo pasado. | |||
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Caso de ser aprobada la propuesta de Costas, se confirmaría que parte de las parcelas que el Consistorio compró a Inversiones Las Teresitas SL en 2001 en realidad serían públicas, por lo que no se podrían comprar ni vender. El Consistorio alega que el deslinde debe pasar por el muro que separa la arena de los aparcamientos, con el argumento de que debe aplicarse la legislación vigente cuando se construyó la playa artificial, los años setenta del pasado siglo. En las alegaciones municipales se reprocha además a la Administración central el no haber modificado entonces el deslinde, que data de 1961, al tiempo que responsabiliza a Costas y al Registro de la Propiedad de no haberle advertido nunca de que en este plan parcial había parcelas urbanizables en dominio público.
La compraventa del frente de playa está anulada desde 2007 por el Tribunal Supremo en lo tocante al precio pagado, ya que ha quedado demostrado que no estuvo avalado por ningún arquitecto municipal. En ejecución de esta sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ordenado una nueva tasación teniendo en cuenta, entre otros criterios, precisamente el del deslinde público. Todo lo relativo a la compraventa está siendo investigado por el TSJC, en la causa penal por prevaricación y malversación de fondos en la que está imputado el propio Zerolo, junto a otras doce personas, incluyendo los ex concejales Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP).
En la reunión de ayer con Costas, según el comunicado municipal "Zerolo tendió la mano a la administración central toda vez que al Ayuntamiento le conviene la deseable colaboración administrativa entre la corporación local y la Dirección General de Costas para cerrar acuerdos que convengan al interés público".
El alcalde y la edil comunicaron ayer al organismo estatal que hoy se pedirá autorización al Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo para iniciar el expediente de resolución del contrato de las obras del proyecto de reordenación de Las Teresitas adjudicadas en su día a OHL, incluyendo el edificio de aparcamientos, conocido como el Mamotreto por sus detractores. Esta obra se ha construido sin autorización del Gobierno canario, por lo que la Fiscalía ha pedido la imputación de Reverón, entre otros, por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Durante el encuentro se abordaron también cuestiones que afectan a los núcleos de Añaza y Acorán, donde quedó acreditado que la zona de servidumbre correcta es la de 20 metros en lugar de 100, reconociéndose la existencia de un plan parcial de esta zona anterior a la Ley de Costas vigente desde 1988. También se trató el contencioso sobre Roque de las Bodegas, Almáciga y Tachero, en Anaga, donde Costas no reconoce su carácter urbano, por lo que parte de estos caseríos quedaría en servidumbre pública.
Por último, el alcalde y la concejal constataron "la buena disposición de Costas a iniciar, a mediados de 2010, las obras de la playa de Valleseco ya que los estudios y trabajos previos se hallan muy avanzados".
PUBLICADO POR EL DIARIO DE AVISOS
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