MAS DE 1800 FAMILIAS RECLAMAN EL DINERO QUE FRANCO LES QUITO Y QUE HOY FORMAN PARTE DE OTRAS FAMILIAS FRANQUISTAS Y FASCISTAS CONOCIDAS POR TODOS.

Más de 1.800 familias

reclaman las incautaciones

El dinero que Franco

nunca devolvió

Misa por el dictador. Una veintena de personas se manifestaron ayer en el Valle de los Caídos (foto) contra la celebración de la misa del 33 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Tras la misa, decenas de franquistas se reunieron en la plaza frente a la Basílica, por lo que la Guardia Civil los desalojó en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Víctor Lerena (EFE)

Casi 1.800 familias de toda España, entre ellas 800 de Cataluña y un centenar de la Comunidad Valenciana, piden recuperar el dinero que les fue intervenido a partir de 1938 y en la posguerra. Todas ellas se han agrupado en la Agrupación de Perjudicados por la Incautación Franquista que, desde hace cuatro años, recoge copias de recibos que se emitieron entonces y que certificaron oficialmente el dinero que entregaron obligados.

EUROPA PRESS | BARCELONA Muchos somos catalanes porque en esta comunidad la asociación ha tenido mucha repercusión mediática", explicó una de las impulsoras de la entidad, Lidia Jiménez.

A los abuelos maternos de Lidia se les incautaron de 1.365 pesetas. Este recibo lo recibió como dote la madre de Lídia, Montserrat Capdevila, que hoy tiene 78 años y que desde los años 60 ha acudido en continuas ocasiones al Banco de España para intentar cobrarlo. "La respuesta siempre ha sido la misma, que aún no tocaba", añadió. Estiman que una peseta de la época equivaldría a día de hoy a 1,5 euros por lo que, según sus cálculos, el valor les tendría que devolver "unos 20 millones de euros", explica la abogada Gisela Dotes, miembro de la entidad, cuyos abuelos entregaron todos sus ahorros a las autoridades franquistas a cambio de un recibo que nunca cobraron.

Ambas argumentan que la Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Congreso en la legislatura anterior "no dijera nada sobre las incautaciones", es por lo que han iniciado contactos con todos los grupos parlamentarios para lograr que las Cortes impulsen una iniciativa que reconozca la incautación y cree un fondo para devolver este dinero.

dinero del enemigo

En plena Guerra Civil, concretamente en el año 1938, un decreto del Ministerio de Hacienda del gobierno franquista, con sede en Burgos, ordenó la prohibición de "la tenencia de papel moneda puesto en curso por el enemigo", según reza el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 1938. Esta orden gubernativa, además, ordenaba la incautación del papel moneda impreso por el Gobierno Republicano a partir de 1936, que también pusieron en circulación algunos ayuntamientos situados en territorio republicano e incluso cooperativas. Con esta finalidad, se creó el "Fondo de Papel Moneda puesto en Circulación por el Enemigo", y así, vecinos de toda España tuvieron que entregar sus ahorros al Banco de España, entidades bancarias privadas y a los Ayuntamientos, y nunca cobraron la cantidad abonada.

"Pedimos justicia, que a los perjudicados se nos devuelva el dinero incautado", recordó Jiménez. La entidad en la que participa lleva años recogiendo copias de los recibos, y también recibe llamadas de personas que recuerdan haber visto un documento similar en casa pero que ya no lo tienen. "En este caso es muy difícil hacer algo", puntualizó Jiménez.

También les llegan casos que, en diversos puntos de España como en Mallorca, "en vez de dar recibos se repartían pequeñas cruces de madera", por lo que ahora la incautación no es demostrable, comenta Dotes. "Incluso hay casos de emigrantes españoles en Colombia, Francia y Uruguay, que se llevaron consigo el recibo", añadió Jiménez. "También nos hay personas a las que les intervinieron viviendas, camiones y hasta dos vehículos nuevos", añadió.

"Nos quedamos sin nada"

Conxita Sanmartín, una mujer de 53 años que reside en Parets del Valls (Barcelona), recordó que sus abuelos maternos, que vivían en un pueblo de la provincia de Cuenca, tuvieron que entregar todos sus ahorros, "más de 14.000 pesetas". "Nos quedamos sin nada", expresó Sanmartín, quien añadió que, pese a haber ido a entidades financieras, nunca han logrado cobrar el recibo. "No tengo mucha esperanza de que cobremos el dinero, lo veo un poco mal", indicó Sanmartín.

Más positiva se mostró María Casals, una mujer de 71 años residente en Sant Vicen de Castellet (Barcelona). "Tenía uno o dos años cuando a mi madre le obligaron a entregar en 1939 todos sus ahorros", recordó María, quien recordó que, en aquellos momentos, su padre estaba en un campo de concentración. "No teníamos nada, pasamos unos años muy malos", expresó María, que siempre guardó en casa el recibo.

ESPAÑA ESTA LLENA DE FRANQUISTAS QUE SE LLAMAN DEMOCRATAS. PORQUE SINO NO LO ENTIENDO. QUE FRANCO QUEDE LIMPIO DE POLVO Y PAJA

Menos las víctimas,

todos contentos

19 Nov 2008

06:00

El juez campeador tiró el martes la toalla. Se desdijo de su intención de procesar al franquismo y remitió a los juzgados provinciales las peticiones de las asociaciones de memoria histórica para que se investiguen las desapariciones de represaliados por Franco y se recuperen sus cuerpos de cunetas y fosas comunes. Un mes –desde el 16 de octubre– le ha durado a Garzón el arrojo para investigar la masacre franquista: la persecución, muerte y desaparición de más de 130.000 personas durante la Guerra Civil y las primeras décadas de paz dictatorial.

La decisión del magistrado, al que le llovieron las críticas desde que admitió las denuncias de las asociaciones, tiene una clara voluntad preventiva. Digamos que le ha bastado con ser pionero en la intención de juzgar al franquismo, pero no quiso pasar a la historia como el primero en ser descalificado para investigar un caso. De haber esperado el diagnóstico de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, habría sido inaugurada la lista de magistrados a los que se tilda de incompetentes tras iniciar una instrucción.

Algunas fuentes jurídicas habían llegado a plantear que el juez podría enfrentarse a otro hito en la historia judicial española: la posibilidad de que la Sala de lo Penal lo procesara de oficio por prevaricación, al entender que su intención al admitir las denuncias de las asociaciones no era realmente juzgar al franquismo, sino ayudar a las asociaciones impulsando la creación de un censo general de desaparecidos y la elaboración de un mapa nacional de fosas comunes. Es decir, que la Sala podría haber acusado al magistrado de tomar decisiones jurídicamente insostenibles a sabiendas de que lo eran, en aras de un fin que no justificaría los medios por loable que a muchos pueda parecernos.

Así pues, la inhibición de Garzón sirve para tranquilizarlo, en primer lugar, a él mismo. Inmediatamente después al fiscal Zaragoza, que había recurrido con una dureza inusitada. En consecuencia, al Ministerio de Justicia, que respalda si es que no auspicia las iniciativas de la Fiscalía.

Lo estarán celebrando también los revisionistas de la derecha, que vivían desquiciados estos últimos meses exigiendo procesar a Carrillo por los muertos de Paracuellos antes de sacar un solo cadáver más de las cunetas. Es de lógica que calme también al Gobierno, al que el magistrado había dado trabajo al exigir por vía de exhorto lo que la ley de la memoria prevé (el censo y mapa de fosas) y la Administración desoye.

En cambio, la renuncia de Garzón descorazona a las víctimas, que tendrán que volver a vencer a la burocracia para sacar a sus deudos del anonimato y darles digna sepultura. Y volverán a depender de las exiguas subvenciones públicas y la generosa entrega de los voluntarios para extraer, identificar y enterrar esos cuerpos.

En unos días, la espinosa cuestión de las fosas del franquismo volverá al letargo en el que estaba antes de que el juez estrella decidiera agitar la coctelera y servir a la opinión pública un debate que siempre logra encendidas posiciones enfrentadas.

Los optimistas defienden que el juez, al dar traslado de las denuncias a juzgados de 20 provincias, mantiene vivo el proceso a los crímenes franquistas. Que su labor es encomiable porque ha puesto el asunto en las portadas, ha nombrado un grupo de expertos y ha elaborado un censo de 130.000 víctimas.

Sea. Pero yo temo la resistencia de la judicatura y la desidia del Gobierno. De éste, la última iniciativa en favor de la memoria no trata de facilitar la apertura de fosas, sino de buscar nietos de exiliados para hacerlos españoles. Algo tendrá que ver el censo para las próximas elecciones gallegas y vascas.

El partido en el Gobierno salvó la cara en el último momento al forzar a José Bono a desistir de su idea de estrenarse en los homenajes a las víctimas de la Guerra Civil concediendo una placa a una monja. Ahora sólo falta que exija a su Gobierno, el de todos, que escuche las peticiones del juez, sufrague las identificaciones y encuentre a los niños robados.

Estaremos vigilantes.

¿Es aún posible el juicio al franquismo?

¿Es aún posible el juicio al franquismo?

DIME CON QUIEN ANDAS Y TE DIRE QUIEN ERES.

20 Nov 2008

06:36

JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ

El auto de 18 de noviembre del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, esto es, por mejor entendernos, el último auto de Garzón sobre la Memoria Histórica, en el que se inhibe a favor de los juzgados territoriales, pudiera considerarse como el desenlace de la compleja, intensa y, a mi juicio, nada edificante trama que en el seno de la Audiencia hemos padecido a lo largo del mes pasado. Un desenlace que entraba en las quinielas de muchos, pero que no debiera ser valorado más que como un punto y seguido. La clave va a estar ahora en quién y cómo se escriba la siguiente frase; ya sea con la pluma del ejecutivo, el legislativo y/o el poder judicial. Si bien, que debamos seguir en esta tensa espera tras casi siete decenios desde el fin de la Guerra Civil, y más de tres décadas después del inicio de nuestra transición, no deja de ser un primer desenlace a lamentar.

A pesar de todo, tras hacerse público el auto, no hemos debido esperar ni un minuto para asistir al regocijo o la chanza de algunos que han considerado que “todo acabó”, que “Garzón no se ha salido con la suya”. Debiendo entenderse el término “suya”, aclaro, no como el intento de atender las denuncias para que se investiguen miles de crímenes de los que sólo podría ser responsable la más repugnante ralea criminal, sino que cuando dicen “suya” se refieren a lo que han caracterizado como un “esperpento del vanidoso juez estrella” (sic). Descalificaciones ad hóminem de este cariz han sido afortunadamente minoritarias, siendo lo común encontrar voces que, bien han sostenido que este auto sólo ha constatado que la Audiencia Nacional no era competente –como ha mantenido, con dureza inusitada, el fiscal jefe–, bien han considerado que la decisión de Garzón no ha sido más que una (forzada) salida por la tangente ante la probable respuesta que la Sala/Pleno iba a dar a su auto aceptando la competencia. Mientras, el mismo Garzón sostiene que no ha hecho más que cumplir lo que (parcialmente) anunciaba en su auto de 16 de octubre, una vez constatada la extinción de la responsabilidad por fallecimiento de los presuntos responsables del delito contra altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno; es decir, el crimen sobre el que ancló la competencia de la Audiencia.

Yo, desde luego, voy a evitar entrar en la fúnebre tentación de atribuir intenciones (aviesas) a unos u otros y también quiero evitarle ahora al lector tediosas polémicas jurídicas que rozarían lo críptico para el lego en los muchos laberintos del Derecho. Si bien, no me resigno a no dejar constancia de mi malestar ante la tan agria como inédita polémica abierta entre el fiscal Zaragoza y el magistrado-juez Garzón; en la que, entre los diversos tecnicismos jurídicos, se han intercalado gruesos calificativos, valoraciones personales y ataques, defensas y contraataques de toda índole. Todo ello, recordémoslo, ante los anhelantes ojos de los familiares-víctimas, que esperaban todo menos una batalla campal de esta naturaleza.

De cualquier modo, lo que ha de quedar claro es que en este último auto, Garzón, sin privarse ni por un momento de responder, con más que notable severidad, a los postulados del fiscal Zaragoza, mantiene todos sus argumentos anteriores, los desarrolla y amplía su sustento jurídico, incluyendo menciones singulares a hechos tan tenebroso como el de los “niños [perdidos] del franquismo”, o los experimentos médicos a los que se sometió a algunos presos republicanos. En esta labor, se sirve en parte de un destacable despliegue de normativa internacional, poniendo sobre la mesa cuestiones y tesis de gran interés, algunas de las cuales comparto y otros muchos discuten; pero que, en cualquier caso, deberían ser objeto de un debate sosegado, en el que, a mi juicio, habría de ser una buena guía la búsqueda de una más completa aplicación e interpretación del Derecho Internacional en nuestro país. Con todo, desde los parámetros del auto anterior y ante la deficiente legislación española, que prevé que la Audiencia Nacional sea competente sobre ciertos crímenes de derecho internacional, pero sólo si se han cometido en el extranjero –quizás en la mente del legislador nunca estuvo que se pudieran cometer o haber cometido en España–, Garzón no hace más que inhibirse a favor de los juzgados territoriales para que, y cito, continúe “la investigación [de la] desaparición de personas a través de las detenciones ilegales sin dar razón del paradero de las víctimas, de sus cuerpos o de su identidad, en el contexto de crímenes contra la humanidad y como resultado de un plan sistemático de exterminio propiciado o favorecido por el alzamiento contra la República”.

Llegados a este punto, la cuestión inmediata es si todos estos juzgados acogerán esta construcción y, en consecuencia, continuarán la senda que la actuación de Garzón ha abierto, y si la Sala/Pleno de la Audiencia así lo permitirá. Pero no sólo deberíamos concentrar nuestra atención en los órganos jurisdiccionales, pues todo lo acaecido también puede haber sido –esperemos que haya sido– un acicate para nuestro Ejecutivo y/o Legislativo. Y ahora que precisamente la actuación de Garzón ha logrado, al fin, el debido consenso acerca de la necesidad y justicia de atender las demandas de los familiares-víctimas de recuperar y dignificar los restos de sus seres amados, se termine por cambiar la bochornosa decisión política de que sigan siendo ellos los que arrostren con esta labor fundamental. Y es que, no debemos olvidarlo nunca, ninguno de los familiares-víctimas busca nada parecido al castigo, a la venganza, sólo reclaman la dignidad que todos debemos a los que hoy siguen desaparecidos en nuestra España de 2008.

Javier Chinchón Álvarez es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales

Ilustración de Patrick Thomas

La avenida del General Franco cambia de nombre EN EL PUERTO DE LA CRUZ

La avenida del General Franco

cambia de nombre

La principal arteria

de la localidad turística

pasa a llamarse

Familia Betancourt y Molina

El representante de la Embajada rusa en España, Alexander Surikov, inauguró la exposición del 250 aniversario de Agustín de Betancourt. José Luis González

P.H. MURILLO | LA OROTAVA En un acto marcado por la solemnidad, la alcaldesa de Puerto de la Cruz, Dolores Padrón, acompañada por el ministro consejero de la Embajada de Rusia en España, Alexander Surikov, procedió al descubrimiento de la nueva placa en donde se sustituye la denominación de la avenida del Generalísimo por Familia de Betancourt y Molina. El acto generó expectación entre los centenares de transeúntes que se encontraban en esta céntrica vía de ciudad turística.

"Con este acto hemos dado un paso a una nueva etapa en nuestra localidad, un paso que supone dejar atrás un pasado oscuro que supuso sufrimiento a muchos españoles", indicó Dolores Padrón, quien explicó que la nueva denominación viene a homenajear la labor de "una de las familias más insignes de la ciudad de Puerto de la Cruz". En este sentido, la edil matizó que el nombre de la avenida no sólo hace referencia al conocido ingeniero Agustín de Betancourt, sino "a todos los componentes de una familia excepcional e ilustre cuyo ambiente culto y liberal sirvió de germen del gran sabio y posibilitó que otros hermanos destacaran en sus facetas profesionales y artísticas".

Con el cambio de la denominación de la principal avenida portuense, se acaba con uno de los últimos símbolos franquistas que aún quedaban en la localidad y se cumple con la Ley de Memoria Histórica.

Exposición. Tras el descubrimiento de la placa, se procedió a la inauguración de la exposición del 250 aniversario del nacimiento de Agustín de Betancourt. La muestra ubicada en las salas del ex-convento de Santo Domingo ha sido organizada por el Ministerio de Fomento, y ofrece al visitante, un extenso recorrido por las principales obras del ingeniero portuense. El representante de la Embajada Rusa, Alexander Surikov, declaró que "Betancourt dejó un gran recuerdo en la memoria del pueblo ruso y con actos como la inauguración de la avenida y la exposición se estrechan aún más los lazos entre Canarias y Rusia". Agustín de Betancourt (1758- 1824) es considerado el creador de la ingeniería moderna. Desempeñó gran parte de su actividad a las órdenes del Zar Alexander I de Rusia, en San Petersburgo.

SOLO LO MENCIONA EN PORTADA LA OPINION

LA REVISTA PONE LAS FOTOS A DISPOSICION DE TODOS EN GOOGLE. PONGO UN EJEMPLO

"Los niños perdidos

son víctimas del franquismo"

El auto pide que se repare a los hijos de republicanos arrebatados a sus padres

Presas republicanas en la cárcel madrileña de Ventas. - M. Á. M.

M. Á. M. - MADRID - 19/11/2008 08:00

Durante la dictadura franquista se estableció un "plan sistemático" de recuperación de niños cuyos padres, por su ideología, fueron considerados por el régimen "no aptos para asumir su cuidado". El juez Baltasar Garzón reclama en su último auto "la obligación" de investigar estas desapariciones, sustracciones y cambios de identidad registradas durante la dictadura.

"El régimen franquista invocaba la protección de menores", pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente los pecados de su padre y se les repetía que ellos también eran irrecuperables.Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos", según describe el magistrado en su auto.

Para Garzón, este delito constituye un crimen contra la Humanidad que no ha prescrito, ya que muchas víctimas los hijos y algunos padres podrían estar vivas. Por eso, el magistrado insta a las instituciones, al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y "se repare a las víctimas", de manera que puedan recuperar su identidad robada.

El juez incluye en su escrito algunas cifras, basadas en fuentes históricas, que elevan, por ejemplo, a más de 30.000 el número de hijos de presas republicanas tutelados por la dictadura entre 1944 y 1954.

Garzón especifica cuáles fueron las principales formas de sustracción de menores. El juez recuerda a los niños cuyos apellidos fueron modificados para entregarlos a familias adictas al régimen franquista. "Muchos de aquellos hijos les fueron retirados a las madres y nunca fueron devueltos a sus familiares de origen, ni tampoco se intentó hacerlo", denuncia el magistrado.

"Los niños perdidos son también parte de las víctimas del franquismo", concluye el juez Garzón en su auto.

El juez acusa al franquismo de arrebatar su identidad a miles de niños

Durante la dictadura franquista se estableció un "plan sistemático" de recuperación de niños cuyos padres fueron considerados "no aptos para asumir su cuidado" por su ideología opuesta al régimen de Franco. El juez Garzón reclama ahora "la obligación" de investigar estas desapariciones, sustracciones y cambios de identidad registradas durante la dictadura. Según Garzón, este delito constituye un crimen contra la Humanidad que no está prescrito, ya que muchas de las víctimas los hijos y algunos padres podrían estar aún vivas. Por esa razón, el magistrado insta a las instituciones, al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y "se repare a las víctimas", de manera que puedan recuperar su identidad real. El juez incluye en su auto algunas cifras basadas en fuentes históricas que elevan a 30.000 el número de niños que fueron arrebatados a sus padres entre 1944 y 1955. Garzón especifica cuáles fueron las principales formas de sustracción de menores. El juez recuerda a los hijos de presas republicanas cuyos apellidos fueron modificados para entregarlos a familias adictas al régimen franquista. "Muchos de aquellos hijos les fueron retirados a las madres y nunca fueron devueltos a sus familiares de origen, ni tampoco se intentó hacerlo", denuncia el magistrado.

PERIODICO PUBLICO

MAS ROLLOS FRANQUISTAS DE CORRUPCION DEMOCRATICA DISFRAZADA POR ESTOS FASCISTAS QUE SE LLAMAN DEMOCRATICOS Y QUE ESTAN A PUÑADOS POR EL PAIS.

EL ALCALDE ARTURO

Y SU CAMELOT

• Denuncias en los juzgados, Fiscalía Anticorrupción y Tribunal de Cuentas, un jefe de Urbanismo que a la vez posee una constructora, treinta cargos de libre designación para correligionarios y parientes... Arturo González ejerce una peculiar alcaldía en Boadilla, una de las presas más suculentas para el negocio del ladrillo.

Reportaje por: Javier Chicote

Fotografías por:

10/11/08

Con un salario de 81.000 euros anuales, Arturo González Panero es uno de los alcaldes mejor pagados de España, pese a que Boadilla del Monte, su pueblo, no tiene más de 40.000 habitantes. Pero el tamaño no importa: ese bastión electoral del PP en el noroeste de Madrid alberga algunas de las urbanizaciones más elitistas de España, y en su censo tiene constructores como Francisco Hernando, el Pocero; futbolistas como el madridista Guti o la plana mayor del Banco Santander, entidad que levantó allí su Ciudad Financiera. En el callejero, una avenida del Generalísimo y una calle de José Antonio.


Recalificaciones multimillonarias han convertido a Boadilla en una perla de la burbuja inmobiliaria en Madrid. Y las actuaciones de su alcalde, en un quebradero de cabeza para el PP: a raíz de una fractura interna en el grupo municipal, algunos inquietos dirigentes pedían su cabeza la pasada semana, en medio de un revuelo de trapos sucios que circulan por las redacciones de los medios de comunicación desde marzo. González Panero, además de ser de los mejor pagados, es también uno de los alcaldes con más procesos judiciales abiertos en su contra.

Sin estudios ni otro oficio conocido desde que en 1991, con 44 años, comenzó a frecuentar el Ayuntamiento, González Panero inició su andadura como concejal de Deportes ese mismo año.

Una moción de censura lo aupó a la alcaldía en 1999. En las últimas municipales, su lista, la del PP, obtuvo más del 60 por ciento de los votos. En diez años Panero ha multiplicado su renta. Frecuenta cacerías en fincas de Ciudad Real y Toledo, conduce un BMW X5 de 60.000 euros, tiene propiedades en Boadilla y en la urbanización Torre Golf Resort de Torre-Pacheco (Murcia) y disfruta de acciones en clubes de golf como el de Palomarejos (Toledo) y de viajes transatlánticos.

El más reciente, el pasado 31 de octubre. Era día de pleno en Boadilla, y sus compañeros de partido justificaron la ausencia del alcalde por enfermedad. Rectificaron cuando se enteraron de que, en realidad, González Panero estaba camino de Brasil con su esposa y el concejal de Deportes para ver el último Gran Premio de la temporada del Mundial de Fórmula 1. Pagaba el Banco Santander, patrocinador de la escudería McLaren-Mercedes, del campeón Louis Hamilton.


Para entonces ya estaba en el punto de mira de algunos de sus correligionarios del PP, que antes de verano llevaron sus comentarios al sindicato Manos Limpias. En junio pasado, esa formación pidió a Hacienda y a la Fiscalía Anticorrupción que investigase el incremento patrimonial del alcalde.

Pese a que tiene una mayoría más que suficiente (16 concejales contra cuatro del PSOE y uno independiente), y pese a que acumula los cargos de alcalde, portavoz del Grupo Popular municipal y presidente del PP local, Arturo González delega su poder en su principal escudero urbanístico: Tomás Martín Morales, vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV). “Es el apoyo fundamental del alcalde”, dice Pablo Nieto, portavoz del PSOE local. Martín Morales, abogado afiliado al PP, tiene plenos poderes en el área de Urbanismo, que maneja casi 30 millones de euros anuales.



Boadilla tiene la particularidad de que el consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda es, además, constructor. Morales posee la constructora Cántabra de Lomas. Si algún cliente quiere contratar a esa firma, habrá de ir al lujoso chalé que Morales posee en la exclusiva urbanización Las Lomas, pues es allí, en su casa, donde tiene sede la empresa. Morales es el dueño de la firma, aunque en el Registro figura como administradora su anciana madre.



Tomás Martín Morales llegó a Boadilla a comienzos de 2000, fichado como gerente de la EMSV. Antes, siempre ligado al control del suelo, fue concejal en Getafe por el PP y hombre de confianza del alcalde popular de Arganda. Tan sólo meses después de su llegada, en octubre de 2000, fundó Cántabra de Lomas.

A partir de su aterrizaje en Boadilla el patrimonio personal de Martín Morales ha crecido notablemente. A su nombre o a través de sociedades que maneja, el jefe del urbanismo local ha adquirido media docena de inmuebles. Su residencia en la urbanización Las Lomas es el principal: un chalé de 450 metros cuadrados en una parcela de 2.600, valorado ahora, en plena crisis, en 1,5 millones de euros.

En 2006 adquirió una oficina de 182 metros cuadrados en la carísima calle Velázquez de Madrid y una pequeña tienda cerca, en la de Claudio Coello.

Un año después compró en Jávea (Alicante) un piso de 110 metros cuadrados y 50 de terraza, un adosado de 300 metros y un garaje para dos vehículos. Así consta en los registros de la propiedad, donde sólo aparece una hipoteca de 500.000 euros para un patrimonio inmobiliario que supera los tres millones.


Martín Morales es el segundo en el Ayuntamiento pese a que el PP de Madrid lo vetó. El alcalde propuso llevarlo de número dos en las municipales de 2003, pero el entonces mandamás popular madrileño Pío García Escudero se lo prohibió, según relatan fuentes del partido en Madrid. En la cita electoral de 2007, González Panero volvió a intentarlo, y esta vez fue Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, quien dijo no.

Aun así, cuando Arturo González consiguió la reelección, modificó los estatutos de la EMSV, que exigían que el vicepresidente de la empresa pública fuera concejal electo. Salvado ese escollo, el alcalde dio plenos poderes a Martín Morales, quien tiene un sueldo anual de 73.000 euros el segundo más alto del consistorio junto con el de teniente alcalde.
Y los poderes de Morales no quedan aquí: es además director general del Ayuntamiento. Morales comunica decisiones de la vida interna del Consistorio mediante notas interiores con aviso de confidencialidad y con orden del alcalde de que sean destruidas.


El nombramiento de Martín Morales ha sido llevado ante el Juzgado de lo Contencioso 4 de Madrid por el PSOE y la agrupación independiente local Alternativa por Boadilla, ambos en la oposición, argumentando que Boadilla no tiene el número suficiente de habitantes que permita al alcalde nombrar un director general. “El nombramiento fue absolutamente arbitrario e ilegal, porque el puesto de director general está contemplado para ayuntamientos de poblaciones con más de 250.000 habitantes”, asegura Ángel Galindo, concejal de la lista independiente.


Arturo González ha colmado de bienes al principal de los caballeros de su mesa redonda. En las elecciones colocó a la esposa de Tomás Martín en la lista del PP. Hoy es la concejala de Empleo, Mujer y Formación. Se llama Rosalía Mercedes de Padura. Pese a que lleva el área de Empleo, en su currículo oficial no figura experiencia laboral alguna más allá de su temprana colaboración con Nuevas Generaciones del PP.


El asunto no llama demasiado la atención en un Ayuntamiento con una treintena de cargos de confianza y libre designación del alcalde, con sueldos de entre 26.000 y 73.000 euros. Entre esos cargos, Laura Samaniego, asesora de Turismo, prima de la mujer del alcalde. La jefe de gabinete de Arturo González, Elena Cerezo, es la esposa del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez. Una de las asesoras del alcalde, María Arenales, es diputada del PP en Castilla y León. Y dos ex concejales, la de Sanidad, Alicia Asensio, y el de Cultura, Francisco Pastor, continúan ahora en el Consistorio como directora de Sanidad y director de Infraestructuras Deportivas.

Alfonso Bosch, gerente de la EMSV, es hoy diputado autonómico madrileño, y fue cargo de confianza de Aznar en La Moncloa y uno de los organizadores de la boda de Ana Aznar con Alejandro Agag cuando era concejal del PP en El Escorial (Madrid). En la EMSV es consejero José Galeote, padre del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. “No hay justificación para mantener más de treinta cargos de confianza, demasiados para un municipio como éste”, opina el socialista Pablo Nieto.


La coincidencia de miembros del PP se da también en contrataciones como la del bufete EIUS, del que forma parte el ex ministro José María Michavila, pese a que el Ayuntamiento tiene cuatro letrados municipales. El bufete no ha querido comentar su contratación.

En Boadilla también ha hecho caja la constructora Fuenco, que hoy levanta la nueva casa consistorial. En 2006 hizo la ampliación del chalé que el ex ministro del Interior Ángel Acebes tiene en el cercano Pozuelo. Acebes no ha querido comentar a interviú esta coincidencia.

Y otro ex ministro tiene lugar en esta red de relaciones: Elena Sánchez, esposa del ex titular de Ciencia y Tecnología Juan Costa, obtuvo 400.000 euros de exenciones en tasas municipales para su empresa, Free Handicap, cuando iba a organizar el festival musical Summercase en Boadilla en 2006.

El Ayuntamiento alegó el interés social del evento para no cobrar las tasas. Al final, Free Handicap –que organizó el último congreso del PP en Valencia– no hizo el festival: le vendió el convenio a otra firma.


Las polémica gestión de González Panero ha llegado hasta el Tribunal de Cuentas, que investiga los complementos que cobraron sus funcionarios entre 1998 y 2000. Pero el pleito más antiguo de Arturo González data de 1999. Como en el caso Fabra, la denuncia se demora en los juzgados porque ningún juez lo ha instruido a fondo desde que, hace diez años, fue admitida a trámite.

PSOE e independientes demandaron al alcalde por malversación de fondos públicos y prevaricación al pagar con dinero público abogados para acciones judiciales privadas. Ángel Galindo, concejal del independiente Alternativa por Boadilla, asegura: “El PP está al tanto de lo que se esconde en Boadilla, por lo que responsabilizo a Rajoy y Esperanza Aguirre por no frenar estas irregularidades”.

Ni el alcalde ni Tomás Martín Morales han atendido las llamadas de interviú. Sí han hablado otras fuentes del PP que prefieren no ser citadas y que coinciden en un punto: la paciencia de la dirección del partido con el dúo González-Martín está muy próxima a su fin.