MAS DE 1800 FAMILIAS RECLAMAN EL DINERO QUE FRANCO LES QUITO Y QUE HOY FORMAN PARTE DE OTRAS FAMILIAS FRANQUISTAS Y FASCISTAS CONOCIDAS POR TODOS.

Más de 1.800 familias

reclaman las incautaciones

El dinero que Franco

nunca devolvió

Misa por el dictador. Una veintena de personas se manifestaron ayer en el Valle de los Caídos (foto) contra la celebración de la misa del 33 aniversario de la muerte de Francisco Franco. Tras la misa, decenas de franquistas se reunieron en la plaza frente a la Basílica, por lo que la Guardia Civil los desalojó en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Víctor Lerena (EFE)

Casi 1.800 familias de toda España, entre ellas 800 de Cataluña y un centenar de la Comunidad Valenciana, piden recuperar el dinero que les fue intervenido a partir de 1938 y en la posguerra. Todas ellas se han agrupado en la Agrupación de Perjudicados por la Incautación Franquista que, desde hace cuatro años, recoge copias de recibos que se emitieron entonces y que certificaron oficialmente el dinero que entregaron obligados.

EUROPA PRESS | BARCELONA Muchos somos catalanes porque en esta comunidad la asociación ha tenido mucha repercusión mediática", explicó una de las impulsoras de la entidad, Lidia Jiménez.

A los abuelos maternos de Lidia se les incautaron de 1.365 pesetas. Este recibo lo recibió como dote la madre de Lídia, Montserrat Capdevila, que hoy tiene 78 años y que desde los años 60 ha acudido en continuas ocasiones al Banco de España para intentar cobrarlo. "La respuesta siempre ha sido la misma, que aún no tocaba", añadió. Estiman que una peseta de la época equivaldría a día de hoy a 1,5 euros por lo que, según sus cálculos, el valor les tendría que devolver "unos 20 millones de euros", explica la abogada Gisela Dotes, miembro de la entidad, cuyos abuelos entregaron todos sus ahorros a las autoridades franquistas a cambio de un recibo que nunca cobraron.

Ambas argumentan que la Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Congreso en la legislatura anterior "no dijera nada sobre las incautaciones", es por lo que han iniciado contactos con todos los grupos parlamentarios para lograr que las Cortes impulsen una iniciativa que reconozca la incautación y cree un fondo para devolver este dinero.

dinero del enemigo

En plena Guerra Civil, concretamente en el año 1938, un decreto del Ministerio de Hacienda del gobierno franquista, con sede en Burgos, ordenó la prohibición de "la tenencia de papel moneda puesto en curso por el enemigo", según reza el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 1938. Esta orden gubernativa, además, ordenaba la incautación del papel moneda impreso por el Gobierno Republicano a partir de 1936, que también pusieron en circulación algunos ayuntamientos situados en territorio republicano e incluso cooperativas. Con esta finalidad, se creó el "Fondo de Papel Moneda puesto en Circulación por el Enemigo", y así, vecinos de toda España tuvieron que entregar sus ahorros al Banco de España, entidades bancarias privadas y a los Ayuntamientos, y nunca cobraron la cantidad abonada.

"Pedimos justicia, que a los perjudicados se nos devuelva el dinero incautado", recordó Jiménez. La entidad en la que participa lleva años recogiendo copias de los recibos, y también recibe llamadas de personas que recuerdan haber visto un documento similar en casa pero que ya no lo tienen. "En este caso es muy difícil hacer algo", puntualizó Jiménez.

También les llegan casos que, en diversos puntos de España como en Mallorca, "en vez de dar recibos se repartían pequeñas cruces de madera", por lo que ahora la incautación no es demostrable, comenta Dotes. "Incluso hay casos de emigrantes españoles en Colombia, Francia y Uruguay, que se llevaron consigo el recibo", añadió Jiménez. "También nos hay personas a las que les intervinieron viviendas, camiones y hasta dos vehículos nuevos", añadió.

"Nos quedamos sin nada"

Conxita Sanmartín, una mujer de 53 años que reside en Parets del Valls (Barcelona), recordó que sus abuelos maternos, que vivían en un pueblo de la provincia de Cuenca, tuvieron que entregar todos sus ahorros, "más de 14.000 pesetas". "Nos quedamos sin nada", expresó Sanmartín, quien añadió que, pese a haber ido a entidades financieras, nunca han logrado cobrar el recibo. "No tengo mucha esperanza de que cobremos el dinero, lo veo un poco mal", indicó Sanmartín.

Más positiva se mostró María Casals, una mujer de 71 años residente en Sant Vicen de Castellet (Barcelona). "Tenía uno o dos años cuando a mi madre le obligaron a entregar en 1939 todos sus ahorros", recordó María, quien recordó que, en aquellos momentos, su padre estaba en un campo de concentración. "No teníamos nada, pasamos unos años muy malos", expresó María, que siempre guardó en casa el recibo.

LOS CRIMENES DE LA GUERRA CIVIL QUEDAN IMPUNES. MIENTRAS LOS HIJOS VEN LOS MONUMENTOS Y CALLES DE SUS PADRES Y ABUELOS Y ENCIMA NOS GOBIERNAN.

Garzón abandona la causa general contra el franquismo

Remite la causa a los juzgados territoriales

Garzón abandona la causa general contra el franquismo

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado hoy de instruir la causa en la que investigaba las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo porque ya no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos "permanecen" y no han prescrito.

18 Noviembre 08 - 11:57 - Madrid - Efe

El magistrado se ha inhibido en favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas cuya apertura autorizó al declararse competente para investigar los hechos el pasado 16 de octubre al considerar extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco, así como la de otros 44 altos cargos del régimen, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.

No obstante, Garzón ratifica "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".

Por ello, sugiere la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, siguiendo la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que también propone crear una comisión de expertos para "restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos" durante la Guerra Civil y la dictadura, y "permitir que las familias identifiquen y exhumen" a sus víctimas.

Para reforzar la idea de permanencia del delito destaca "el caso de las víctimas que puedan estar vivas" y se refiere concretamente a los miles de niños arrebatados a sus padres para ser educados en la "afección al régimen".

Garzón recuerda que, al declararse competente, ya advirtió de que si la responsabilidad penal de los imputados estaba extinguida, pero se daba la "permanencia" del delito, se pronunciaría sobre la competencia para investigar los hechos, que cree que corresponde a los juzgados territoriales.

El juez se adelanta así a la decisión que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar sobre la competencia de Garzón para instruir la causa, al resolver un recurso de la Fiscalía en el que se sostiene, precisamente, que los hechos son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes.

El magistrado ha informado de su decisión tanto a la Sala como al Ministerio de Justicia, al que da cuenta de los grupos de expertos que ya están recopilando datos para "evitar solapamientos" con otras acciones que pueda llevar a cabo el Estado.

Los veinte juzgados provinciales a los que se remite la causa son los de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza, a los que se suman los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.

En su resolución, Garzón advierte al Estado y a la Fiscalía de que "obstaculizar la investigación, luego de la omisión de la misma durante años, sería contravenir flagrantemente" el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Lamenta de este modo la "palmaria contradicción" entre la postura sostenida tradicionalmente por la Fiscalía "y la defendida en este sumario", y cree que esa circunstancia "merecería una profunda y convincente explicación por quien es el garante de la legalidad".

Considera que el fiscal, que le acusó de crear una causa general contra el franquismo, opta "por la desprotección de las víctimas" al entender que si "para los presuntos responsables se ha tenido que 'formalizar' su defunción para poder declarar extinguida su responsabilidad", para las víctimas fallecidas "ni eso se puede hacer al no existir ni fecha, ni lugar de inhumación".

Garzón admite, no obstante, que "concentrar" esta investigación "en una sede" supondría crear una causa general, aunque reitera que la actitud de la Fiscalía va en contra de sus propios actos en casos como el de la desaparición del etarra Eduardo Moreno Bergareche, "Pertur", o el del ex militar argentino Adolfo Scilingo, al que acusó por los desaparecidos en la dictadura argentina.

"Olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y ello, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos de toda la sociedad española y toda la comunidad internacional", concluye.

PUBLICADO EN LA RAZON

MAS ROLLOS FRANQUISTAS DE CORRUPCION DEMOCRATICA DISFRAZADA POR ESTOS FASCISTAS QUE SE LLAMAN DEMOCRATICOS Y QUE ESTAN A PUÑADOS POR EL PAIS.

EL ALCALDE ARTURO

Y SU CAMELOT

• Denuncias en los juzgados, Fiscalía Anticorrupción y Tribunal de Cuentas, un jefe de Urbanismo que a la vez posee una constructora, treinta cargos de libre designación para correligionarios y parientes... Arturo González ejerce una peculiar alcaldía en Boadilla, una de las presas más suculentas para el negocio del ladrillo.

Reportaje por: Javier Chicote

Fotografías por:

10/11/08

Con un salario de 81.000 euros anuales, Arturo González Panero es uno de los alcaldes mejor pagados de España, pese a que Boadilla del Monte, su pueblo, no tiene más de 40.000 habitantes. Pero el tamaño no importa: ese bastión electoral del PP en el noroeste de Madrid alberga algunas de las urbanizaciones más elitistas de España, y en su censo tiene constructores como Francisco Hernando, el Pocero; futbolistas como el madridista Guti o la plana mayor del Banco Santander, entidad que levantó allí su Ciudad Financiera. En el callejero, una avenida del Generalísimo y una calle de José Antonio.


Recalificaciones multimillonarias han convertido a Boadilla en una perla de la burbuja inmobiliaria en Madrid. Y las actuaciones de su alcalde, en un quebradero de cabeza para el PP: a raíz de una fractura interna en el grupo municipal, algunos inquietos dirigentes pedían su cabeza la pasada semana, en medio de un revuelo de trapos sucios que circulan por las redacciones de los medios de comunicación desde marzo. González Panero, además de ser de los mejor pagados, es también uno de los alcaldes con más procesos judiciales abiertos en su contra.

Sin estudios ni otro oficio conocido desde que en 1991, con 44 años, comenzó a frecuentar el Ayuntamiento, González Panero inició su andadura como concejal de Deportes ese mismo año.

Una moción de censura lo aupó a la alcaldía en 1999. En las últimas municipales, su lista, la del PP, obtuvo más del 60 por ciento de los votos. En diez años Panero ha multiplicado su renta. Frecuenta cacerías en fincas de Ciudad Real y Toledo, conduce un BMW X5 de 60.000 euros, tiene propiedades en Boadilla y en la urbanización Torre Golf Resort de Torre-Pacheco (Murcia) y disfruta de acciones en clubes de golf como el de Palomarejos (Toledo) y de viajes transatlánticos.

El más reciente, el pasado 31 de octubre. Era día de pleno en Boadilla, y sus compañeros de partido justificaron la ausencia del alcalde por enfermedad. Rectificaron cuando se enteraron de que, en realidad, González Panero estaba camino de Brasil con su esposa y el concejal de Deportes para ver el último Gran Premio de la temporada del Mundial de Fórmula 1. Pagaba el Banco Santander, patrocinador de la escudería McLaren-Mercedes, del campeón Louis Hamilton.


Para entonces ya estaba en el punto de mira de algunos de sus correligionarios del PP, que antes de verano llevaron sus comentarios al sindicato Manos Limpias. En junio pasado, esa formación pidió a Hacienda y a la Fiscalía Anticorrupción que investigase el incremento patrimonial del alcalde.

Pese a que tiene una mayoría más que suficiente (16 concejales contra cuatro del PSOE y uno independiente), y pese a que acumula los cargos de alcalde, portavoz del Grupo Popular municipal y presidente del PP local, Arturo González delega su poder en su principal escudero urbanístico: Tomás Martín Morales, vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV). “Es el apoyo fundamental del alcalde”, dice Pablo Nieto, portavoz del PSOE local. Martín Morales, abogado afiliado al PP, tiene plenos poderes en el área de Urbanismo, que maneja casi 30 millones de euros anuales.



Boadilla tiene la particularidad de que el consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda es, además, constructor. Morales posee la constructora Cántabra de Lomas. Si algún cliente quiere contratar a esa firma, habrá de ir al lujoso chalé que Morales posee en la exclusiva urbanización Las Lomas, pues es allí, en su casa, donde tiene sede la empresa. Morales es el dueño de la firma, aunque en el Registro figura como administradora su anciana madre.



Tomás Martín Morales llegó a Boadilla a comienzos de 2000, fichado como gerente de la EMSV. Antes, siempre ligado al control del suelo, fue concejal en Getafe por el PP y hombre de confianza del alcalde popular de Arganda. Tan sólo meses después de su llegada, en octubre de 2000, fundó Cántabra de Lomas.

A partir de su aterrizaje en Boadilla el patrimonio personal de Martín Morales ha crecido notablemente. A su nombre o a través de sociedades que maneja, el jefe del urbanismo local ha adquirido media docena de inmuebles. Su residencia en la urbanización Las Lomas es el principal: un chalé de 450 metros cuadrados en una parcela de 2.600, valorado ahora, en plena crisis, en 1,5 millones de euros.

En 2006 adquirió una oficina de 182 metros cuadrados en la carísima calle Velázquez de Madrid y una pequeña tienda cerca, en la de Claudio Coello.

Un año después compró en Jávea (Alicante) un piso de 110 metros cuadrados y 50 de terraza, un adosado de 300 metros y un garaje para dos vehículos. Así consta en los registros de la propiedad, donde sólo aparece una hipoteca de 500.000 euros para un patrimonio inmobiliario que supera los tres millones.


Martín Morales es el segundo en el Ayuntamiento pese a que el PP de Madrid lo vetó. El alcalde propuso llevarlo de número dos en las municipales de 2003, pero el entonces mandamás popular madrileño Pío García Escudero se lo prohibió, según relatan fuentes del partido en Madrid. En la cita electoral de 2007, González Panero volvió a intentarlo, y esta vez fue Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Esperanza Aguirre, quien dijo no.

Aun así, cuando Arturo González consiguió la reelección, modificó los estatutos de la EMSV, que exigían que el vicepresidente de la empresa pública fuera concejal electo. Salvado ese escollo, el alcalde dio plenos poderes a Martín Morales, quien tiene un sueldo anual de 73.000 euros el segundo más alto del consistorio junto con el de teniente alcalde.
Y los poderes de Morales no quedan aquí: es además director general del Ayuntamiento. Morales comunica decisiones de la vida interna del Consistorio mediante notas interiores con aviso de confidencialidad y con orden del alcalde de que sean destruidas.


El nombramiento de Martín Morales ha sido llevado ante el Juzgado de lo Contencioso 4 de Madrid por el PSOE y la agrupación independiente local Alternativa por Boadilla, ambos en la oposición, argumentando que Boadilla no tiene el número suficiente de habitantes que permita al alcalde nombrar un director general. “El nombramiento fue absolutamente arbitrario e ilegal, porque el puesto de director general está contemplado para ayuntamientos de poblaciones con más de 250.000 habitantes”, asegura Ángel Galindo, concejal de la lista independiente.


Arturo González ha colmado de bienes al principal de los caballeros de su mesa redonda. En las elecciones colocó a la esposa de Tomás Martín en la lista del PP. Hoy es la concejala de Empleo, Mujer y Formación. Se llama Rosalía Mercedes de Padura. Pese a que lleva el área de Empleo, en su currículo oficial no figura experiencia laboral alguna más allá de su temprana colaboración con Nuevas Generaciones del PP.


El asunto no llama demasiado la atención en un Ayuntamiento con una treintena de cargos de confianza y libre designación del alcalde, con sueldos de entre 26.000 y 73.000 euros. Entre esos cargos, Laura Samaniego, asesora de Turismo, prima de la mujer del alcalde. La jefe de gabinete de Arturo González, Elena Cerezo, es la esposa del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez. Una de las asesoras del alcalde, María Arenales, es diputada del PP en Castilla y León. Y dos ex concejales, la de Sanidad, Alicia Asensio, y el de Cultura, Francisco Pastor, continúan ahora en el Consistorio como directora de Sanidad y director de Infraestructuras Deportivas.

Alfonso Bosch, gerente de la EMSV, es hoy diputado autonómico madrileño, y fue cargo de confianza de Aznar en La Moncloa y uno de los organizadores de la boda de Ana Aznar con Alejandro Agag cuando era concejal del PP en El Escorial (Madrid). En la EMSV es consejero José Galeote, padre del eurodiputado del PP Gerardo Galeote. “No hay justificación para mantener más de treinta cargos de confianza, demasiados para un municipio como éste”, opina el socialista Pablo Nieto.


La coincidencia de miembros del PP se da también en contrataciones como la del bufete EIUS, del que forma parte el ex ministro José María Michavila, pese a que el Ayuntamiento tiene cuatro letrados municipales. El bufete no ha querido comentar su contratación.

En Boadilla también ha hecho caja la constructora Fuenco, que hoy levanta la nueva casa consistorial. En 2006 hizo la ampliación del chalé que el ex ministro del Interior Ángel Acebes tiene en el cercano Pozuelo. Acebes no ha querido comentar a interviú esta coincidencia.

Y otro ex ministro tiene lugar en esta red de relaciones: Elena Sánchez, esposa del ex titular de Ciencia y Tecnología Juan Costa, obtuvo 400.000 euros de exenciones en tasas municipales para su empresa, Free Handicap, cuando iba a organizar el festival musical Summercase en Boadilla en 2006.

El Ayuntamiento alegó el interés social del evento para no cobrar las tasas. Al final, Free Handicap –que organizó el último congreso del PP en Valencia– no hizo el festival: le vendió el convenio a otra firma.


Las polémica gestión de González Panero ha llegado hasta el Tribunal de Cuentas, que investiga los complementos que cobraron sus funcionarios entre 1998 y 2000. Pero el pleito más antiguo de Arturo González data de 1999. Como en el caso Fabra, la denuncia se demora en los juzgados porque ningún juez lo ha instruido a fondo desde que, hace diez años, fue admitida a trámite.

PSOE e independientes demandaron al alcalde por malversación de fondos públicos y prevaricación al pagar con dinero público abogados para acciones judiciales privadas. Ángel Galindo, concejal del independiente Alternativa por Boadilla, asegura: “El PP está al tanto de lo que se esconde en Boadilla, por lo que responsabilizo a Rajoy y Esperanza Aguirre por no frenar estas irregularidades”.

Ni el alcalde ni Tomás Martín Morales han atendido las llamadas de interviú. Sí han hablado otras fuentes del PP que prefieren no ser citadas y que coinciden en un punto: la paciencia de la dirección del partido con el dúo González-Martín está muy próxima a su fin.