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sábado, 22 de noviembre de 2008

La gran Logia Simbólica de España y la ley de la Memoria Histórica

La gran

Logia Simbólica de España

pide que se profundice

la ley de la Memoria Histórica.



Los masones solicitan al Gobierno acciones para restablecer la dignidad de la masonería, perseguida por el franquismo.



RAFAEL FRAGUAS - Madrid
ELPAIS.com - España - 22-11-2008 - 19:20


Jordi Farrerons, Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica de España, la principal institución masónica liberal española, pidió hoy al Gobierno que profundice en la ley de Memoria Histórica de manera que quede plenamente restablecida la dignidad de la masonería, escarnecida en las personas de miles de sus miembros represaliados por el franquismo y también en su patrimonio durante la dictadura del general Franco entre 1936 y 1975.



La ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007 incluye en su artículo segundo una referencia a la masonería, así como una disposición derogatoria que abole la ley de marzo de 1940, denominada entonces ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, decretada por Franco para aniquilar a la masonería y también a la oposición política a su régimen dictatorial. La Masonería Liberal, que admite la presencia de las mujeres en las logias a diferencia de la masonería tradicional, considera insuficiente el articulado y demanda una profundización reparadora del buen nombre de las instituciones masónicas.



Jordi Farrerons presidía hoy en el Ateneo madrileño un acto matinal conmemorativo del XXV aniversario de la creación en Madrid de la logia masónica liberal Hermes Tolerancia, la primera de estas características, laica, mixta y liberal, fundada en Madrid tras la transición democrática.



En el mismo acto, convocado por Francisco Javier del Barrio, presidente de la Sección de Ciencias Jurídicas y Políticas del Ateneo de Madrid, intervinieron previamente Javier Otaola, letrado, ensayista y Defensor vecinal de vitoria gasteiz, que disertó sobre el rito francés; el catedrático de la universidad de Barcelona, Joan Francesc Pont, que habló sobre la espiritualidad liberal de la francmasonería, y Nicolás Brihuega, que abordó la historia de la masonería y su trayectoria en Madrid.


El escritor Ignacio Merino, en una disertación sobre el futuro de la Masonería, propuso como objetivos inmediatos una inciativa mundial para integrar voluntarios en la construcción de una gran muralla vegetal que detenga en Africa del norte el avance de la desertización y pidió para España la sede del próximo congreso mundial de Filosofía, que invocó por mor de la tradición filosófica masónica.



El acto prosiguó con un ágape masónico abierto en el Centro Cultural de los Ejércitos y una denominada tenida blanca, rito masónico compartido con profanos en el que se utilizan únicamente algunos símbolos y se mantiene el orden ritual que se observa en las asambleas masónicas, sin que sean desveladas cuestiones iniciáticas.



"Deseamos celebrar este vigésimo quinto aniversario y rendir en él tributo a quienes han luchado desde la posguerra por la Masoneria Liberal y nuestros valores esenciales: el laicismo, la igualdad de las mujeres, la libertad, la tolerancia y la solidaridad", señaló Ignacio Merino.

martes, 18 de noviembre de 2008

LOS CRIMENES DE LA GUERRA CIVIL QUEDAN IMPUNES. MIENTRAS LOS HIJOS VEN LOS MONUMENTOS Y CALLES DE SUS PADRES Y ABUELOS Y ENCIMA NOS GOBIERNAN.

Garzón abandona la causa general contra el franquismo

Remite la causa a los juzgados territoriales



Garzón abandona la causa general contra el franquismo



El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado hoy de instruir la causa en la que investigaba las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo porque ya no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos "permanecen" y no han prescrito.


18 Noviembre 08 - 11:57 - Madrid - Efe

El magistrado se ha inhibido en favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas cuya apertura autorizó al declararse competente para investigar los hechos el pasado 16 de octubre al considerar extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco, así como la de otros 44 altos cargos del régimen, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.


No obstante, Garzón ratifica "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".


Por ello, sugiere la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, siguiendo la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que también propone crear una comisión de expertos para "restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos" durante la Guerra Civil y la dictadura, y "permitir que las familias identifiquen y exhumen" a sus víctimas.


Para reforzar la idea de permanencia del delito destaca "el caso de las víctimas que puedan estar vivas" y se refiere concretamente a los miles de niños arrebatados a sus padres para ser educados en la "afección al régimen".


Garzón recuerda que, al declararse competente, ya advirtió de que si la responsabilidad penal de los imputados estaba extinguida, pero se daba la "permanencia" del delito, se pronunciaría sobre la competencia para investigar los hechos, que cree que corresponde a los juzgados territoriales.


El juez se adelanta así a la decisión que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar sobre la competencia de Garzón para instruir la causa, al resolver un recurso de la Fiscalía en el que se sostiene, precisamente, que los hechos son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes.


El magistrado ha informado de su decisión tanto a la Sala como al Ministerio de Justicia, al que da cuenta de los grupos de expertos que ya están recopilando datos para "evitar solapamientos" con otras acciones que pueda llevar a cabo el Estado.


Los veinte juzgados provinciales a los que se remite la causa son los de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza, a los que se suman los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.


En su resolución, Garzón advierte al Estado y a la Fiscalía de que "obstaculizar la investigación, luego de la omisión de la misma durante años, sería contravenir flagrantemente" el Convenio Europeo de Derechos Humanos.


Lamenta de este modo la "palmaria contradicción" entre la postura sostenida tradicionalmente por la Fiscalía "y la defendida en este sumario", y cree que esa circunstancia "merecería una profunda y convincente explicación por quien es el garante de la legalidad".


Considera que el fiscal, que le acusó de crear una causa general contra el franquismo, opta "por la desprotección de las víctimas" al entender que si "para los presuntos responsables se ha tenido que 'formalizar' su defunción para poder declarar extinguida su responsabilidad", para las víctimas fallecidas "ni eso se puede hacer al no existir ni fecha, ni lugar de inhumación".


Garzón admite, no obstante, que "concentrar" esta investigación "en una sede" supondría crear una causa general, aunque reitera que la actitud de la Fiscalía va en contra de sus propios actos en casos como el de la desaparición del etarra Eduardo Moreno Bergareche, "Pertur", o el del ex militar argentino Adolfo Scilingo, al que acusó por los desaparecidos en la dictadura argentina.


"Olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y ello, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos de toda la sociedad española y toda la comunidad internacional", concluye.



PUBLICADO EN LA RAZON


jueves, 13 de noviembre de 2008

ESPAÑA ES LA EXCEPCIÓN Y CANARIAS LA PEOR

La excepción mundial

se llama España

AI (AMNISTÍA INTERNACIONAL)

enuncia que un país que ha impulsado

numerosas investigaciones de crímenes

contra la humanidad en otros países

no puede oponerse a cumplir

con la obligación de investigar los suyos.



Amnistía dice que España no puede ser una 'excepción' y no juzgar los 'crímenes del pasado'
Esteban Beltán, director de Amnistía Internacional en España. - EFE
YERAY CALVO - Madrid - 12/11/2008 15:37

España no puede ser una "excepción mundial" que incumpla las exigencias del derecho internacional. Esta es una de la principales conclusiones que se extraen del informe de Amnistía Internacional (AI) que ha presentado su director, Esteban Beltrán. En el documento se subraya la necesidad de investigar los crímenes del pasado y proteger los derechos de las víctimas, que según Beltrán, se encuentran "en una encrucijada".


Beltrán plantea que "o se sigue el camino de la verdad, la justicia y la reparación" iniciado en una treintena de países en los que se cometieron crímenes contra la humanidad o el de "los obstáculos interminables. Investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España", ha subrayado el director de AI.



El caso español es singular respecto al de otros países dado que es un juez y no el Ministerio Público el que ha impulsado la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Además, es justamente el propio ministerio el que trata de "obstaculizar" un proceso que restauraría los derechos de los damnificados , ha explicado Beltrán. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas no ha recibido ninguna información sustantiva por parte del Gobierno español que permita establece el paradero de tres personas cuya desaparición había sido denunciada ante este grupo.



En contra de los antecedentes a nivel mundial ocurridos hasta el momento, el Ministerio Fiscal incluye como argumento en su recurso de apelación que los delitos ya han prescrito, invocando la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 . Según AI, la aplicación de estas alegaciones constituyen el establecimiento de mecanismo de impunidad incompatibles con la legalidad internacional en relación con los crímenes contra la humanidad.


"España no puede presentarse internacionalmente como un Estado que infringe sus obligaciones"



Además, España es uno de los países a los que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha tenido que recordar que no se pueden invocar amnistías ni alegarprescripciones respecto a este tipo de crímenes. Anteriormente, el Comité de Derechos Humanos se había dirigido a Chile, Argentina, Perú, Líbano, Francia (Nueva Caledonia), El Salvador, Haití y Uruguay, para recomendarles que cumplan sus obligaciones internacionales sobre crímenes de desaparición forzada.

"En España, donde se han impulsado investigaciones de crímenes contra la humanidad cometidos en otros países en numerosas ocasiones, el Ministerio Fiscal no puede ahora poner en duda u oponerse a cumplir con la obligación de investigar los graves crímenes que se cometieron durante la Guerra Civil y el franquismo", ha declarado Esteban Beltrán, "España no puede presentarse ante la comunidad internacional como un Estado que infringe sus obligaciones internacionales".


A este respecto, el historiador Julián Casanova, autor de La Iglesia de Franco, dijo en una entrevista a Público que la reparación será difícil sin que el PP asuma su "trauma franquista" y la Iglesia reconozca su colaboración con los fusilamientos. Además sentenció que "si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera" .


Transición

AI destaca que mientras muchos países han utilizado sus procesos de transición para condenar los crímenes del pasado, en España "se han opuesto a sus obligaciones constitucionales e internacionales" y han mirado hacia otro lado. En el listado de países con 'cuentas pendientes' figuran junto a España, Mozambique, Camboya o Colombia.


Otros, como Perú o Marruecos, en mayor o menor medida han dado algún paso al respecto para esclarece los crímenes del pasado, asegura AI.


Las víctimas identificadas de desapariciones forzadas en España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que ascienden a 114.000, superan a las registradas en toda Latinoamérica en los últimos cuarenta años, por encima de los 30.000 desaparecidos en Argentina o los 45.000 de Guatemala.


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