20/11/08 - María García Mayo / Beatriz Amigot
“Al otro lado del Atlántico, las conocidas como Tres Grandes de Detroit (General Motors, Ford y Chrysler) han pedido al Congreso de Estados Unidos ayuda para superar la crisis. Concretamente, reclaman 50.000 millones de dólares (39.322 millones de euros) para dar aire al sector e intentar salvar los 4,5 millones de puestos de trabajo que generan.
Es todo un desafío, en el que resulta complicado ver cuál es la mejor solución (reparar o renovar, he ahí la cuestión). En un lado de la balanza está el desequilibrio que se produce en el mercado laboral y en el resto de la economía si estas compañías quiebran. En el otro, el peligro de que la reparación se quede en pan para hoy y hambre para mañana, y acabe saliendo más cara.
Esta disyuntiva no es nueva, y la experiencia parece demostrar que la política de rescates puede no ser una buena solución. En 1979, precisamente Chrysler atravesaba una mala época. El Gobierno acudió en su ayuda y le garantizó préstamos por un valor de 1.500 millones dólares. Aun así, hubo despidos y los acreedores sufrieron. Veintinueve años después, ya sea por un problema de gestión o porque sus competidores lo están haciendo mejor, la historia se repite. Ahora, muchos expertos defienden que no se caiga en el mismo error.
Más triste es robar... El caso de estas compañías estadounidenses no es aislado. Tras el lanzamiento de los planes de rescate del sector financiero a nivel mundial, muchos otros negocios reivindican también el amparo estatal. En España, una vez abierta la veda, la lista de peticiones al Gobierno es cada día más larga. La industria del motor, las eléctricas, las pymes, los autónomos, el sector inmobiliario o los agricultores: todos quieren cobijarse bajo el paraguas del Estado (ver apoyos) para protegerse de la crisis.
Incluso el presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha reclamado una línea especial del Instituto de Crédito Oficial (ICO), directa o mediante avales, para socorrer a las empresas y librarlas de la recesión por un importe de 50.000 millones de euros.
Pero el ministro de Economía, Pedro Solbes, cansado de que todos entonaran el ¿qué hay de lo mío?, ha dejado claro que el Gobierno ya no tiene capacidad de maniobra para más planes de salvamento. Ya se han dedicado 150.000 millones de euros para sostener el sistema financiero. Por otra parte, el paquete dirigido a las familias tiene como medida estrella la moratoria del 50% de las cuotas de la hipoteca durante un par de años para los parados y autónomos inactivos con cargas familiares.
Ahora, con las arcas vacías (el déficit de Estado en 2009 podría alcanzar el 3,2% del PIB, según la Comisión Europea), el ministro ha aconsejado a los sindicatos y a la patronal que le echen imaginación para salir de la difícil coyuntura que atraviesa España. La cuestión es si, más allá de que haya presupuesto para ayudas, el Estado debe intervenir o no. La crisis ha reavivado este debate y los analistas se muestran preocupados con el nuevo papel protagonista que ha tomado el Estado. ¿Es la resurrección de las teorías marxistas?
“Se ha producido un cambio filosófico enorme que puede llevar a un nuevo modelo económico. Esto era inimaginable hace apenas dos meses, pero las ayudas a los bancos han abierto la caja de Pandora de las subvenciones a los sectores privados”, indica Santiago Carbó, profesor de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Granada. La crisis ha reavivado un debate ideológico muy fuerte.
“Desde la II Guerra Mundial ha prevalecido el neoliberalismo, que rechaza totalmente la intervención del Estado. Pero ahora ha resurgido el discurso de la economía social, que da más peso al Gobierno. Creo que es bueno que el Estado sea un actor más en la economía, pero sin que se convierta en el salvador, porque esto es ineficiente en el medio plazo”, explica José Manuel Saiz, profesor de Economía de la Universidad Antonio de Nebrija.
Los expertos coinciden en que el único plan de rescate que tiene justificación es el del sector financiero, que se compara con la circulación sanguínea. Si no funciona, el resto de órganos deja de hacerlo. “Ayudar al sector bancario inyectando liquidez no es como hacerlo a cualquier otro. Es una actividad horizontal que repercute en el resto. No supone echar una mano a una industria concreta, sino apuntalar el conjunto de la economía”, explica Santiago Carbó. Además, el potencial de riesgo sistémico que se había generado por la falta de liquidez, según los analistas, no era corregible a través del mercado. Sólo mediante la ayuda pública se podía conseguir restablecer la confianza.
Sí, Pero... Pese a la unanimidad que existe respecto al plan de rescate de los bancos, los analistas plantean varias preocupaciones. Por un lado, se teme que a través de los avales a los bancos se cree un tipo de ayudas que, impulsadas por motivaciones no económicas, se gestionen arbitrariamente. “Es muy peligroso que se puedan utilizar como un instrumento político para apoyar a unas entidades y no a otras. Todavía no se ha explicado del todo cómo se va a poner en marcha”, advierte Javier Quintana, director de Estudios del Instituto de la Empresa Familiar.
Por otro lado, los expertos señalan que muchas empresas que se dirigen al mercado en busca de liquidez tendrán que competir con la deuda del Estado. Es lo que opina Juan Velarde, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid. “Si se concede el aval del Estado a unas compañías (en el caso español a las financieras, y al resto no), en la práctica, cuando éstas últimas acuden al mercado a financiarse, tienen más dificultades, lo hacen en peores condiciones y el efecto final es una subida de tipos de interés”. Por último, también existen recelos de que las ayudas se queden a medio camino entre las entidades y la economía real.
El Banco de España también ha solicitado claridad y, en un informe reciente, señalaba que “estas medidas deben ser aplicadas por los diferentes Gobiernos de un modo transparente y respetuoso con el mantenimiento del terreno de juego competitivo. En caso contrario, se producirían efectos perversos no deseados, al dificultar la capacidad de discriminar por parte de los mercados financieros entre aquellas entidades que lo han hecho bien y aquellas otras que no han gestionado adecuadamente la crisis”.
Atilano Jorge Padilla, director del Área de Competencia de la consultora LECG, va más allá en su análisis. “Las ayudas a la banca han levantado suspicacias e incluso se apunta que algunas no estén motivadas por la falta de liquidez, sino que busquen mejorar la posición competitiva en el mercado de algunas entidades”, explica. Quizá en este contexto se entienda la ampliación de capital realizada por Santander (por valor de 7.200 millones de euros), tratando así de evitar sospechas de que se apoya en la ayuda estatal.
Los expertos creen que abrir la puerta a las subvenciones sectoriales indiscriminadas puede acarrear unos efectos perversos. A juicio de Fernando Eguidazu, presidente del Comité de Política Económica del Círculo de Empresarios, “el camino de las ayudas directas es terriblemente peligroso. ¿Cómo se decide a qué sectores sí y a cuáles no? ¿Qué tipo de recursos? Cualquier decisión puede suponer un agravio comparativo muy grande, ya que, en realidad, todos los sectores están afectados por la crisis”.
En esta misma línea, Juan Velarde opina que es muy complicado poner el límite. “Si ayudas a las empresas de coches, ¿por qué no a las de bicicletas?. Voy más allá, porque no a todas las compañías. Esto sería un disparate, significaría una planificación general y lo más deseable es que el mercado se regule por sí mismo”, explica Velarde.
A esta posible arbitrariedad en el rescate empresarial, se suman los desequilibrios generados en el juego competitivo. Resulta obvio que una empresa que haya recibido una inyección de liquidez (más aún, cuando ésta escasea) tendrá ventajas para afrontar la difícil situación que atraviesa el país. “En España se puede fomentar la competencia desleal, pero también a nivel europeo, y después de todo lo que se ha tratado este asunto, resulta un paso atrás. Es muy arriesgado que cada Gobierno respalde a unas empresas o a otras”, asegura Quintana.
Además, el apoyo público podría estar prorrogando de forma artificial modelos de negocio ya desfasados o de compañías mal gestionadas, que quizá sería mejor que dejasen su hueco a otros más eficientes. Como defendía el economista austriaco Joseph Alois Schumpeter, hay que resignarse a la destrucción creadora. Una economía de mercado se moderniza principalmente mediante la eliminación de las empresas ineficientes.
“No es que haya que dejar caer al sector inmobiliario o al automovilístico, pero no hay soluciones salvíficas para ninguno de ellos. Cuanto más se retrase el ajuste, más fuerte será, y más duradero”, explica José Luis Feito, presidente de la Comisión de Economía de la CEOE. Carbó cree que intentar rescatar a ciertos sectores, a pesar de que tengan un fuerte peso en la economía , supondría un error fatal a largo plazo. “En el mundo globalizado, lo que se trata es de ser más productivo y mejorar la competitividad. Por eso, intentar salvar sectores heridos de muerte es apostar por un modelo estéril, que no dará ningún fruto”, indica.
Manuel Balmaseda, economista jefe de la cementera Cemex, incide en esta idea y defiende que “una recesión está para eso. Es el momento de limpiar el tejido productivo y que las más ineficientes quiebren”.
¿Y no es posible cambiar el patrón productivo a base de apoyos o incentivos? ¿No se pueden fomentar de alguna manera los sectores más productivos para incentivar la competitividad? Los expertos opinan que las ayudas no son el camino más adecuado. “El Estado no puede decidir qué sectores serán los pilares en una economía, son las empresas. Lo único que puede hacer el Gobierno en este sentido es crear un marco propicio para que el mercado tire en la dirección adecuada”, explica Eguidazu. ¿Cómo? Mediante reformas estructurales. Un mercado de trabajo más flexible, y mayor competencia en general, permite que los factores se ajusten de la manera más eficiente.
Frente a estas teorías, hay quien cree que la todopoderosa mano del Estado está muchas veces justificada a pesar de todo. Especialmente para mantener el empleo, uno de los ámbitos que más sufrirá por la crisis. Para Francisco Villota, profesor de Política Económica de la Universidad Complutense de Madrid, la profundidad de la crisis justifica algunas intervenciones excepcionales.
Desde su punto de vista, para salir de esta oscura coyuntura se podría poner en marcha (a imagen y semejanza de los planes de desarrollo que, con otras medidas, sacaron a España de la autarquía) un pacto entre Gobierno, oposición, comunidades autónomas y agentes sociales que se dirigiese a apoyar a los sectores más productivos de cada región con planes concertados.
“Es el momento de apostar por el mercado interior. La gravedad de esta situación deja de lado algunas preocupaciones como la competencia o que no haya recursos económicos suficientes. En este caso, sobrepasar un déficit del 3% del PIB [que fija como límite el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la zona euro] estaría justificado temporalmente para mantener los empleos. Debemos actuar directamente sobre la economía real”, dice.
No es el único que apunta en esta dirección. Balmaseda propone un modelo en el que las ayudas no sean subvenciones encubiertas. “Si una empresa es solvente y sólo tiene falta de liquidez, podría recibir cierto apoyo. Hay que estudiar sus riesgos a corto y medio plazo y se le puede conceder una inyección económica, pero que ésta sea devuelta al cabo de un plazo con un coste. Como tradicionalmente hace un banco”, afirma.
