Los rectores de Madrid se manifestarán por primera vez en defensa de la universidad

Los rectores de Madrid

se manifestarán

por primera vez

en defensa de la universidad

Será el 10 de diciembre frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para exigir el pago de la deuda de 223 millones de euros

AGENCIAS - Madrid - 27/11/2008

Los rectores de las seis universidades públicas de Madrid dijeron ayer basta y reclamaron por carta al Gobierno regional que les pague los 223 millones de euros que les deben. También denunciaron la bajada de las partidas destinadas a las universidades en los presupuestos del año que viene, que ponen el peligro su viabilidad. En un paso más en su lucha en busca de fondos, esta mañana se han reunido con los sindicatos y han decidido sumarse, por primera vez, a las movilizaciones en defensa de la enseñanza pública. Junto con los sindicatos, los rectores se manifestarán el próximo 10 de diciembre a las seis de la tarde frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en la calle Alcalá. Por su parte, UGT, CCOO y CSI-CSIF han escenificado con este acto su apoyo a los rectores de las universdades públicas madrileñas y han pedido al Gobierno de Esperanza Aguirre que "resitúe los principios que tengan y los coloquen de manera que se dé prioridad a lo importante".

• Beteta dice que Madrid no debe 223 millones "ni de lejos"

• Semanas de encierros
• Los rectores afectados por las revueltas piden ayuda al Gobierno
• Aguirre debe más de 223 millones a las universidades

Carta de los rectores al Gobierno de Madrid

DOCUMENTO (PDF - 31Kb) - 26-11-2008

Manifiesto universitario

Carlos Berzosa Alonso-Martínez

En un acto convocado por las federaciones de Educación de los sindicatos al que han asistido todos los rectores salvo Javier Uceda, de la Politécnica, -estaban Virgilio Zapatero, de Alcalá de Henares; Ángel Gabilondo, de la Autónoma; Carlos Berzosa, de la Complutense, Daniel Peña, de la Carlos III y Pedro González-Trevijano y más de un centenar de miembros de la universidad, González-Trevijano, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades de la Comunidad de Madrid (Cruma), ha manifestado su desacuerdo con la política de la Comunidad de Madrid y ha exigido la elaboración de un calendario para que el Gobierno regional cumpla "con sus compromisos y obligaciones legales".

"El impago de las deudas sin ofrecer solución alguna a las mismas y el drástico recorte para el próximo año constituyen dificutades insalvables para aspirar a la excelencia de la universidad e incluso para la propia supervivencia del sistema público universiario", alertan los rectores. "Terminarán pagando los salarios de los trabajadores de la universidad, pero no basta eso -ha señalado Javier López, secretario general de CC OO de Madrid- para que haya universidad pública y para que acometa el papel que necesitamos durante la crisis, que ya no es sólo económica, sino de modelo de desarrollo humano".

Reunirse "ya sea con Aguirre o con cualquiera"

Para Berzosa, "ha sido un recorte muy brusco", y las dificultades son evidentes. "La solución -considera- pasa por que se nos reconozca la deuda y que se establezcan plazos de pagos sin renunciar a la deuda contraída y que, de alguna manera, todos colaboremos para poder afrontar los gastos imprescindibles". "No entendemos que no haya otras prioridades en la región que no sean las educativas o las de sanidad. Tampoco nos han dado explicaciones de por qué hemos de ser los paganos de los recortes", ha manifestado el rector de la Complutense, quien no obstante, añadió que son conscientes de la crisis y no quieren abusar. Igualmente, el representante de CSI-CSIF, Rafael Pérez, ha abundado en que "no podemos permitirnos la irresponsabilidad de marginar económicamente la universidad sin poner en riesgo el futuro mismo del país".

De ser así, ha dicho, "nos tendremos que conformar con regresar al tercermundismo, transformándonos en una sociedad de servicios, dependiente de la tecnología desarrollada por otros y deudores en el balance comercial de intercambio. Debemos sembrar la excelencia universitaria o volver a perder el tren de la historia". La financiación de las universidades se basa fundamentalmente en los recursos públicos que la Comunidad de Madrid asigna en los contratos-programa firmados por las universidades y el Gobierno regional para el periodo 2006-2010. En esta dirección, los rectores denuncian que el Ejecutivo autonómico no ha cumplido su compromiso y los recortes pueden poner en peligro el funcionamiento de la universidad.

Por centros, la Complutense es la que más cantidad de dinero tiene que recibir por parte del Gobierno regional, entre partidas nominativas, pluses y extras que no llegan desde 2004; en concreto, 67 millones de euros. En relación a los recortes de septiembre y octubre, el rector de esta universidad, Carlos Berzosa, ha asegurado que ninguno de los centros ha recibido la partida de septiembre que en su día se recortó, a pesar de que la presidenta Aguirre ha reiterado que ese dinero ya lo tienen. Además, pese a lo que dice la consejera de Educación, Lucía Figar, que asegura que todos los pasos que están dando se hacen de acuerdo con lo pactado con los rectores, Berzosa ha indicado que "de ningún modo es así" y que, aunque conocen sus intenciones, porque se han reunido con los responsables de este departamento, no quiere decir que estén de acuerdo con su manera de actuar. Asimismo, ha solicitado reunirse "ya sea con Aguirre o con cualquiera" que les solucione esta situación.

Beteta dice que Madrid no debe 223 millones "ni de lejos"

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad, Antonio Beteta, ha dicho que el Gobierno regional "estará encantado" de analizar con los rectores universitarios "las cantidades que están pendientes de pago" que "ni de lejos llegan" a los 223 que reclaman.

Beteta ha hecho estas declaraciones en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha comparecido junto con el vicepresiente regional, Ignacio González, quien ha garantizado que van "a cumplir todos los gastos de las retribuciones del personal de las universidades".

La descomposición de la Universidad española

José Luis Pardo

El “Proceso de Bolonia” pretende facilitar la incorporación de los licenciados a la sociedad. En realidad, esconde tras sus promesas un zarpazo que puede ser mortal para las estructuras de la enseñanza pública

Como sucede a menudo en política, la manera más segura de acallar toda resistencia contra un proceso regresivo y empobrecedor es exhibirlo ante la opinión pública de acuerdo con la demagógica estrategia que consiste en decirle a la gente, a propósito de tal proceso, exclusivamente lo que le agradará escuchar.

Así, en el caso que nos ocupa, las autoridades encargadas de gestionar la reforma de las universidades que se está culminando en nuestro país _sea cual sea su lugar en el espectro político parlamentario— han presentado sistemáticamente este asunto como una saludable evolución al final de la cual se habrá conseguido que la práctica totalidad de los titulados superiores encuentren un empleo calificado al acabar sus estudios, que los estudiantes puedan moverse libremente de una universidad europea a otra, y que los diplomas expedidos por estas instituciones tengan la misma validez en todo el territorio de la Unión.

Una vez establecido propagandísticamente que el llamado “Proceso de Bolonia” consiste en esto y solamente en esto, nada resulta más sencillo que estigmatizar a quienes tenemos reservas críticas contra ese proceso, como una caterva de locos irresponsables que, ya sea por defender anacrónicos privilegios corporativistas o por pertenecer a las huestes antisistema del Doctor Maligno, quieren que siga aumentando el paro entre los licenciados y rechazan la homologación de títulos y las becas en el extranjero, por pura perfidia burocrática.

Vaya, pues, por adelantado que el autor de estas líneas también encuentra deseables esos objetivos así proclamados, y que si se tratase de ellos nada tendría que oponer a la presente transformación de los estudios superiores.

Sin embargo, lo que las autoridades políticas no dicen —y, seguramente, tampoco la opinión pública se muere por saberlo— es que bajo ese nombre pomposo se desarrolla en España una operación a la vez más simple y más compleja de reconversión cultural destinada a reducir drásticamente el tamaño de las universidades —y ello no por razones científicas, lo que acaso estuviera plenamente justificado, sino únicamente por motivos contables— y a someter enteramente su régimen de funcionamiento a las necesidades del mercado y a las exigencias de las empresas, futuras empleadoras de sus titulados; una operación que, por lo demás, se encuadra en el contexto generalizado de descomposición de las instituciones características del Estado social de derecho y que concuerda con otros ejemplos financieramente sangrantes, de subordinación de las arcas públicas al beneficio privado, a que estamos asistiendo últimamente.

Habrá muchos para quienes estas tres cosas (la disminución del espacio universitario, la desaparición de la autonomía académica frente al mercado, y la liquidación del Estado social) resulten harto convenientes, pero es preferible llamar a las cosas por su nombre y no presentar como una “revolución pedagógica” o un radical y beneficioso “cambio de paradigma” lo que sólo es un ajuste duro y un zarpazo mortal para las estructuras de la enseñanza pública, así como tomar plena conciencia de las consecuencias que implican las decisiones que en este sentido se están tomando.

De estas consecuencias querría destacar al menos las tres que siguen.

1. La “sociedad del conocimiento”. Este sintagma, casi convertido en una marca publicitaria que designa el puerto en el que han de desembarcar las actuales reformas, esconde en su interior, por una parte, la sustitución de los contenidos cognoscitivos por sus contenedores, ya que se confunde —en un ejercicio de papanatismo simpar— la instalación de dispositivos tecnológicos de informática aplicada en todas las instituciones educativas, con el progreso mismo de la Ciencia, como si los computadores generasen espontáneamente sabiduría y no fuesen perfectamente compatibles con la estupidez, la falsedad y la mendacidad; y, por otra parte, el “conocimiento” así invocado, que ha perdido todo apellido que pudiera calificarlo o concretarlo —como lo perdieron en su día las artes, oficios y profesiones para convertirse en lo que Marx llamaba “una gelatina de trabajo humano totalmente indiferenciado”, calculable en dinero por unidad de tiempo—, es el dramático resultado de la destrucción de las articulaciones teóricas y doctrinales de la investigación científica para convertirlas en habilidades y destrezas cotizables en el mercado empresarial.

La reciente adscripción de las universidades al Ministerio de las Empresas Tecnológicas no anuncia únicamente la sustitución de la lógica del saber científico por la del beneficio empresarial en la distribución de conocimientos, sino la renuncia de los poderes públicos a dar prioridad a una enseñanza de calidad capaz de contrarrestar las consecuencias políticas de las desigualdades socioeconómicas.

2. El nuevo mercado del saber. Cuando los defensores de la “sociedad del conocimiento” (con Anthony Giddens a la cabeza) afirman que el mercado laboral del futuro requerirá una mayoría de trabajadores con educación superior, no están refiriéndose a un aumento de calificación científica sino más bien a lo contrario, a la necesidad de rebajar la calificación de la enseñanza superior para adaptarla a las cambiantes necesidades mercantiles; que se exija la descomposición de los saberes científicos que antes configuraban la enseñanza superior, y su reducción a las competencias requeridas en cada caso por el mercado de trabajo, y que, además, se destine a los individuos a proseguir esta “educación superior” a lo largo de toda su vida laboral es algo ya de por sí suficientemente expresivo: solamente una mano de obra (o de “conocimiento”) completamente descalificada necesita una permanente recalificación, y sólo ella es apta —es decir, lo suficientemente inepta— para recibirla.

Acaso por ello la nueva enseñanza universitaria empieza ya a denominarse “educación postsecundaria”, es decir, una continuación indefinida de la enseñanza media (cosa especialmente preocupante en este país, donde la reforma universitaria está siguiendo los mismos principios pseudopedagógicos que han hecho de la educación secundaria el conocido desastre en que hoy está convertida); como confiesa el propio Giddens, la enseñanza superior va perdiendo, como profesión, el atractivo que en otro tiempo tuvo para algunos jóvenes de su generación, frente a otros empleos en la industria o la banca; y lo va perdiendo en la medida en que el profesorado universitario se va convirtiendo en un subsector de la “producción de conocimientos” para la industria y la banca.

3. El ocaso de los estudios superiores. No es de extrañar, por ello, que el “proceso” —de un modo genuinamente autóctono que ya no puede escudarse en instancias “europeas”— culmine en el atentado contra la profesión de profesor de bachillerato que denunciaba el pasado 3 de noviembre el Manifiesto publicado en este mismo periódico: reconociendo implícitamente el fracaso, antes incluso de su implantación, la administración educativa admite que los nuevos títulos no capacitan a los egresados para la docencia, salida profesional casi exclusiva de los estudiantes de humanidades; pero, en lugar de complementarlos mediante unos conocimientos avanzados que paliarían el déficit de los contenidos científicos recortados, sustituye éstos por un curso de orientación psicopedagógica que condena a los profesores y alumnos de secundaria a la indigencia intelectual, y supone la desaparición a medio plazo de los estudios universitarios superiores en humanidades, ya que quienes necesitarían cursarlos se verán empujados por la necesidad a renunciar a ellos a favor del cursillo pedagógico.

Todos los que trabajamos en ella sabemos que la universidad española necesita urgentemente una reforma que ataje sus muchos males, pero no es eso lo que ahora estamos haciendo, entre otras cosas porque nadie se ha molestado en hacer de ellos un verdadero diagnóstico. Lo único que por ahora estamos haciendo, bajo una vaga e incontrastable promesa de competitividad futura, es destruir, abaratar y desmontar lo que había, e introducir en la universidad el mismo malestar y desánimo que reinan en los institutos de secundaria, y ello sin ninguna idea rectora de cuál pueda ser el modelo al que nos estamos desplazando, porque seguramente no hay tal cosa, a menos que la pobreza cultural y la degradación del conocimiento en mercancía sean para alguien un modelo a imitar.

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José Luis Pardo es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.

EP